Adelante Andalucía ha reclamado este sábado la «paralización inmediata» del proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar y ha alertado del «grave impacto ambiental que supondrían los vertidos autorizados al Guadalquivir durante las próximas décadas».
Previo al inicio de la manifestación convocada por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Salvemos el Guadalquivir y la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, la candidata número 2 de Adelante por la provincia de Cádiz, Leti Blanco, ha advertido de que «la Junta de Andalucía pretende consolidar un modelo extractivista que ya ha demostrado sus consecuencias sobre nuestro territorio, nuestros ríos y nuestra gente», según ha indicado la formación en una nota.
«Hoy estamos aquí porque el Guadalquivir nos necesita», ha señalado Blanco, quien ha dicho que «la reapertura de Aznalcóllar, sumada a la actividad minera de Gerena, contempla el vertido al río de 120.000 millones de litros de aguas contaminadas durante casi veinte años».
La candidata andalucista ha criticado que «una multinacional extranjera se lleve nuestros metales estratégicos, como el cobre, el zinc, el plomo o la plata, mientras aquí quedan la contaminación y las consecuencias para las próximas generaciones».
Asimismo, Leti Blanco ha destacado que «distintos estudios científicos independientes realizados por universidades andaluzas han acreditado ya la presencia de contaminación por metales pesados en el estuario del Guadalquivir a causa de los vertidos mineros procedentes de Gerena entre 2009 y 2023».
«La Junta habla de minería sostenible, pero los datos científicos dicen otra cosa. Aunque llamen 'depuradas' a esas aguas, seguirán conteniendo sustancias tóxicas que se acumulan en el barro, en los peces y en toda la cadena alimentaria», ha afirmado.
Para Adelante Andalucía, los vertidos mineros «no son compatibles con la vida ni con el futuro económico de Andalucía», ya que «ponen en riesgo sectores estratégicos como la pesca, la agricultura, la hostelería y el comercio».
Por ello, la formación exige una «moratoria inmediata» al proyecto y la creación de un comité científico «independiente» que «evalúe las consecuencias reales de los vertidos antes de autorizar cualquier nueva actividad minera». «No podemos permitir otra tragedia ambiental. No podemos hipotecar el futuro de nuestra tierra», ha concluido Leti Blanco.
