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La Audiencia Provincial ha absuelto al alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres (PP), del delito de prevaricación urbanística del que había sido acusado de paralizar un expediente sancionador derivado de la construcción de viviendas sin licencia en el municipio al considerar que su actuación obedeció a la necesidad de recabar informes técnicos y antecedentes debido a la complejidad del caso y no a una actuación deliberada para evitar una multa al promotor.
La sentencia, consultada por Europa Press, rechaza la petición de un año y tres meses de prisión así como siete años de inhabilitación para el primer edil por el delito de prevaricación, del que también libra al promotor quien, por otro lado, ya aceptó una pena de nueve meses de prisión y una multa de seis meses a razón de tres euros diarios por un delito contra la ordenación del territorio.
El tribunal ve apuntalada la versión que ofreció el regidor, defendido por el letrado Joaquín Monterreal, quien explicó que decidió aplazar la firma del expediente sancionador iniciado en noviembre de 2017 bajo el motivo «voy a ver el expediente» debido a las «dudas» que le suscitó el caso y sus sospechas de que la parcela en la que se había producido la construcción estaba ocupada bajo autorización municipal.
Los magistrados tomaron en consideración el testimonio prestado por el funcionario que tenía asignado el expediente, al que el alcalde devolvió el mismo antes de decidir firmarlo para que se recabaran nuevos informes de carácter técnico y jurídico bajo la sospecha de que existía un acuerdo de 2005 que autorizaba el uso residencial de la parcela mediante una vivienda prefabricada.
El mismo funcionario reconoció que el expediente «no estuvo paralizado», menos aún por orden del alcalde, sino que «había motivos para completarlo» ya que era un «tema muy complejo» ante el que hubo que indagar en los archivos municipales en busca de un acuerdo rubricado más de diez años atrás.
De esta forma, para la Sala no existe «dolo» en la actuación del alcalde a la hora de frenar el expediente sancionador con el objetivo de completarlo con nuevos informes en virtud del reglamento de disciplina urbanística de Andalucía.
«El técnico del Ayuntamiento de Huércal de Almería especificó en su declaración que había que completar el expediente porque era muy complejo y que, una vez rechazada la firma, la tramitación volvía a él y que tenía que hacer averiguaciones, así como que el expediente no estuvo parado en realidad», señala el tribunal.
Durante su comparecencia en el juicio derivado de la denuncia interpuesta inicialmente por el PSOE, el alcalde indicó que le surgieron otras dudas para no avanzar en el expediente sancionador, como la situación social en la que se hallaba el afectado al tratarse de «un señor dependiente con hasta seis menores» a su cargo, así como la categoría del suelo.
«Antes de dar un paso que pudiera comprometer al Ayuntamiento, decidí retirar la firma y preguntar primero», ha aseveró Torres, quien especificó que la providencia que se le entregó para la firma carecía de informes previstos conforme a la LOUA.
De otra parte, la sentencia da por probado que el promotor y constructor de la vivienda realizó entre 2016 y noviembre de 2017 un el vallado perimetral y la construcción de dos viviendas de obra en la parcela ubicada en la calle Camino del Potro de Huércal de Almería sin contar con licencia municipal de construcción.
Las construcciones no podían autorizarse además dado que se realizaban en suelo no urbanizable de especial protección, posteriormente clasificado como suelo rústico con categoría de preservado por la ordenación territorial o urbanística tras la entrada en vigor de la Lista. La sentencia ordena, en este sentido, que el acusado abone la demolición de lo construido, tasado en 15.528,84 euros.
