Artículo completo
Adelante Andalucía ha presentado este martes su programa electoral de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre. Bajo el lema «Las 29 del 29N», la formación ha presentado su proyecto político resumido en 29 propuestas entre las que destacan la limitación de los alquileres al 20% de la renta familiar, la desprivatización de todo el sistema ferroviario o la jornada laboral semanal de 32 horas.
El portavoz de Adelante, José Ignacio García, ha puesto en valor que en la elaboración del programa han participado más de 1.200 personas y colectivos a través de un email que la organización puso a disposición para recibir propuestas.
Titulado 'Un programa para frenar a las derechas', el programa electoral recoge 719 medidas resumidas en 29 propuestas que «defienden la importancia de una voz para la clase trabajadora andaluza en el Congreso de los Diputados y el Senado».
«No queremos entrar en el politiqueo, en las peleítas, en las historias de despacho, ni muchas veces en el humo que se vende en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos», ha remarcado García.
Uno de los principales ejes del documento es «el fin de la especulación inmobiliaria y garantía del derecho a la vivienda». Para ello, Adelante ha propuesto la limitación de los alquileres al 20% de la renta familiar, contratos de alquiler indefinidos, la creación de una constructora pública, la desprivatización de todas las viviendas de bancos y fondos de inversión para la creación de un parque público con alquiler accesible.
Asimismo, ha defendido la retirada de licencias de apartamentos turísticos e impuestos a las viviendas vacías de grandes tenedores, entre otras acciones.
«Poniendo el foco en el uso de la vivienda, nosotras abogamos por la prohibición de la compra especulativa. Es decir, que los que tienen un montón de casas y están forrados no compren más porque, además, están arrasando con la vida de nuestros barrios», ha asegurado la candidata de Adelante por Cádiz, María Sánchez.
Por otro lado, el programa electoral recoge medidas centradas en la desprivatización de todo el sistema ferroviario, entre ellas el fin de las externalizaciones y aumentar la plantilla de trabajadores. Además ha defendido la creación de cercanías en las ocho provincias andaluzas y el fortalecimiento de la media distancia, con «gestión 100% pública andaluza».
«Este planteamiento que llevamos años defendiendo se hace más urgente ahora con los últimos accidentes que hemos visto. Hay que recuperar la confianza en el sistema ferroviario y eso pasa por un tren 100% público y andaluz, y que esté centrado en las necesidades de la gente», ha manifestado García.
En materia de empleo, Adelante propone la prohibición del turno partido y la reducción de la jornada laboral a 32 horas. «Hay que blindar las pensiones públicas que el señor Feijóo quiere cargarse y hay que hacer un plan de protección para los pequeños autónomos y autónomas», ha añadido García.
Entre las 29 medidas principales del programa, la formación ha destacado el establecimiento de un impuesto a las empresas sanitarias que estaría dedicado «íntegramente» a la investigación contra el cáncer. También en materia sanitaria, Adelante propone una ley de garantías de atención primaria, con «al menos 10 minutos por consulta».
Asimismo, Adelante ha destacado la necesidad de crear una red de supermercados públicos que «paguen precios justos a agricultoras y ganaderas, potencien las cadenas cortas de distribución y garanticen precios asequibles en productos de primera necesidad a toda la población».
«¿Por qué si la sanidad, la educación o las dependencias, que son derechos fundamentales, tienen una red pública, la alimentación no es un derecho fundamental?», ha cuestionado García.
El programa también recoge la creación de una banca pública con «crédito para pymes, personas autónomas, cooperativas y vivienda pública», una ley estatal de cuidados e impuestos permanentes a los beneficios extraordinarios de la banca y las eléctricas.
En referencia a Andalucía, el programa reclama una financiación «justa» para la comunidad «sin ordinalidad, con población ajustada y un fondo transitorio de nivelación inmediato». Asimismo, ha exigido «el máximo nivel de autonomía y autogobierno en cualquier reforma» impulsada por el Gobierno Central.
