Amnistía Internacional pide la prohibición de las armas eléctricas

LONDRES // Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en muchos países abusan de forma generalizada de los dispositivos de descarga eléctrica, y las que son armas de ese tipo y de contacto directo deben prohibirse de inmediato, planteó este viernes 7 la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.

Patrick Wilcken, investigador de AI sobre asuntos militares, de seguridad y policiales, advirtió de que «las armas de descarga eléctrica por contacto directo pueden causar sufrimiento grave, discapacidad física duradera y trastornos psicológicos. Y su uso prolongado puede incluso provocar la muerte».

«Pese a los claros riesgos para los derechos humanos asociados a su uso, no existe una normativa global que controle la producción y el comercio del material de descarga eléctrica. Las armas de descarga eléctrica de contacto directo deben prohibirse de inmediato», agregó Wilcken.

El informe «Todavía no puedo dormir por las noches: El abuso global del material de descarga eléctrica» documenta el uso abusivo de armas de descarga eléctrica por contacto directo -como pistolas paralizantes y porras eléctricas- en la calle, en las fronteras y en centros de detención de personas migrantes y refugiadas.

También en instituciones de salud mental, en comisarías de policía y en prisiones y en otros lugares de detención.

Esos dispositivos administran dolorosas descargas con solo pulsar un botón, se han utilizado contra manifestantes, estudiantes, opositores políticos, mujeres (incluso embarazadas), niños y niñas, defensores y defensoras de los derechos humanos, entre otras personas.

«Las armas de descarga eléctrica por contacto directo pueden causar sufrimiento grave, discapacidad física duradera y trastornos psicológicos. Y su uso prolongado puede incluso provocar la muerte»: Patrick Wilcken.

Por ejemplo, según Amnistía, durante la sublevación Mujer Vida Libertad de 2022 en Irán, el batallón Basij de la Guardia Revolucionaria Islámica obligó a varios niños a permanecer de pie con las piernas separadas en una fila con detenidos adultos, y les administraron descargas eléctricas en los genitales con pistolas paralizantes.

En otro caso citado, una persona detenida procedente de África recuerda una redada de la guardia de fronteras en el centro de detención de Medininkai, en Lituania, el 2 de marzo de 2022: «Estaba tirado en el suelo y aun así me dispararon con pistolas táser tres veces, al mismo tiempo que me golpeaban con las porras».

Las personas supervivientes han sufrido quemaduras, entumecimiento, abortos, disfunciones urinarias, insomnio, agotamiento y profundos traumas psicológicos.

El informe se basa en la investigación llevada a cabo por Amnistía entre 2014 y 2024 en más de 40 países de todas las regiones del mundo, en los que se han documentado casos de tortura y otros malos tratos con dispositivos de descarga eléctrica.

Estados y empresas fabrican, publicitan y venden material de descarga eléctrica que se utiliza para infligir tortura y otros malos tratos, y AI pide un tratado global y jurídicamente vinculante que regule la producción y el comercio descontrolado del material utilizado para hacer cumplir la ley.

Al menos 197 empresas de todas las regiones fabricaron o publicitaron dispositivos de descarga eléctrica por contacto directo para la aplicación de la ley entre enero de 2018 y junio de 2023. La mayoría tienen su sede en países como China, India y Estados Unidos.

Según la empresa estadounidense Axon Enterprise, Inc., sus modelos de la marca táser son actualmente utilizados por más de 18 000 agencias de aplicación de la ley en más de 80 países.

En el informe también se analiza el creciente uso inadecuado de las armas de proyectiles paralizantes, que pueden tener una función legítima en la aplicación de la ley, pero que a menudo se utilizan de forma indebida.

Son ejemplos de ello el uso innecesario y discriminatorio contra grupos vulnerables, que da lugar a lesiones graves y, en algunos casos, incluso provoca la muerte.

«Las armas de proyectiles paralizantes se utilizan contra personas que no presentan ningún riesgo de violencia, simplemente para castigarlas u obligarlas a cumplir órdenes. También se utilizan en el modo de contacto directo (lo que se conoce como aturdimiento por conducción), el cual debería prohibirse», dijo Wilcken.

En septiembre de 2017, Argentina, Mongolia y la Unión Europea presentaron la Alianza Mundial por un Comercio sin Tortura, en un acto paralelo a la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York.

La Alianza la conforman actualmente 62 Estados de todas las regiones del mundo, comprometidos a «actuar conjuntamente para continuar previniendo, restringiendo y poniendo fin al comercio» con productos empleados especialmente para infligir tortura y otros malos tratos.