Adelante Andalucía ha registrado en el Parlamento andaluz una proposición de Ley por el Derecho a la Vivienda, con el objetivo declarado de combatir la escalada de precios del alquiler, frenar el avance de la turistificación y movilizar las viviendas vacías en manos de grandes tenedores. La iniciativa llega en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda en Andalucía —un 10,4 % durante 2024, el mayor del Estado— y por la consolidación del modelo turístico como motor económico, con más de 80 000 viviendas destinadas a este uso en la comunidad.
Tres líneas de actuación: precios, uso turístico y vivienda vacía
La propuesta legislativa se articula en torno a tres ejes principales:
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- Limitación del precio del alquiler en zonas tensionadas, con un sistema de referencia vinculado al registro censal de residentes.
- Suspensión de licencias turísticas en municipios especialmente afectados y retirada progresiva de las ya concedidas en un plazo de tres años.
- Expropiación de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores, que pasarían a formar parte del parque público gestionado por AVRA.
Para ello, la ley contempla la creación de un Registro de Grandes Tenedores de Viviendas Deshabitadas, incluyendo personas físicas o jurídicas con más de cinco inmuebles. Las viviendas registradas como vacías durante 18 meses serían susceptibles de expropiación forzosa.
Refuerzo de derechos y herramientas públicas
La proposición de ley incluye también medidas complementarias, como la creación de una Oficina Andaluza de Protección de Inquilinos y el reconocimiento de los sindicatos de inquilinos como agentes mediadores. El texto se estructura en cinco títulos y 22 artículos, con enfoque normativo y vocación de aplicación directa, no como simple declaración de intenciones.
Escenario político: vivienda como eje de disputa
La iniciativa plantea un escenario complejo para el debate parlamentario, donde la vivienda se ha convertido en uno de los ejes centrales de la confrontación política. La propuesta tensiona el marco legislativo actual —incluyendo el Decreto 1/2025 sobre vivienda turística— y coloca a los distintos grupos ante una votación con implicaciones políticas claras, especialmente en los bloques progresistas.
