Hay quienes parecen haber nacido con el «don» (vaya don) de buscarse oposición incluso entre los amigos, incluso entre quienes, más o menos, piensan igual o de forma muy parecida. Pero la frase (mientras esto no cambie) «estamos todos en libertad provisional», fue pronunciada por vez primera en 1976 por el notario granadino, impulsor de la Junta Democrática de España Antonio García Trevijano. Por fortuna todavía vivo y en activo. Pero el estamento judicial, cincuenta años después, todavía no se ha reformado ni, por tanto, democratizado. En consecuencia seguimos siendo rehenes de una persona, sólo una persona tocada de birrete y toga.
El titular es una frase de la carta abierta publicada por Javier F. Ferrero, director de Spanish Revolution, dirigida a los jueces de la Sala II del Tribunal Supremo. Es parte de la incredulidad provocada por la sentencia de cinco miembros de la sala II del Supremo, con la oposición razonada de los otros dos. Una sentencia muy a la medida del ya conocido Peinado, por otros juicios en los que ha retorcido visiblemente el argumento para dictar su veredicto. La elección de jueces se sigue haciendo por los partidos, en proporción a su representación parlamentaria.
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Se puede ser de un partido o de otro, se puede sentir más o menos simpatías por uno o por otro, o por otro, más. Dentro de la mayoría de los conocidos ha habido políticos con cierta dosis de objetividad y con más interés en imponer su política, o la política de sus beneficiados, que este es el verdadero cáncer de la política española mucho más que la de otros lugares, por mucho que en todas partes cuezan habas.
Pero la investigación al Fiscal General del Estado partía de una denuncia sin base, sin más argumentación que la argüida por el denunciante, en este caso sin siquiera recortes de periódico, práctica ya rechazada hace poco tiempo por el propio Tribunal Supremo. En este caso se ha forzado una investigación para intentar aportar pruebas —igual se está haciendo con otros y otras— con las que poder incriminar al fiscal, y se ha llegado al juicio sin ellas. Los jueces administran Justicia. Para eso están, cuando menos. Y también, como dice Ferrero, ya citado, administran símbolos. Durante el juicio se ha escuchado de todo. Pero no se ha probado nada. Lo más sobresaliente ha sido que una docena de periodistas, medios e instituciones reconocen haber conocido el correo electrónico antes de ser hecho público.
Y aunque no debería ser preciso escribir lo siguiente, en cuanto puede parecer una disculpa, que sería improcedente por innecesaria, esto no es una defensa ni de la figura del fiscal ni siquiera de la persona de García Ortiz. Porque ya de por sí es innegable que ningún Estado, ningún pueblo merece sufrir cargos o posiciones dominantes capaces de minimizar la propia dignidad de la ciudadanía. Del mismo modo, ninguna persona, ningún ser humano debe verse obligado a soportar una persecución en sí mismo ni en su trabajo, que deberá ser, no ya criticado, sino desprovisto de él, en tanto pueda incumplir sus deberes, más aún si actuara en perjuicio de algún ciudadano. Pero menos aún verse perseguido con saña por el sólo hecho de ocupar un puesto.
Ya sabemos que al Fiscal General lo propone el Gobierno. Será parte de la no renovación de la Ley. Pero incluso así, el principio de «toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario» es válido para todo el mundo, sea quien sea y ostente la función que sea. También es universal que la judicatura debe ser absolutamente limpia e imparcial, y lo contrario es una forma de desprestigiar al sistema judicial. Pero aquí ha habido mucha más opinión, versus interés personal en castigar a quien ejerce el cargo, que en hacer Justicia, desde el momento que la acusación no ha podido ser probada en ninguno de sus extremos. Fuera de lo que pueda suponer, o no, el Fiscal General, un juez no puede, porque no debe, o al menos no debería, dictar una sentencia sin estar debidamente razonada y justificada en hechos tangibles. Más cerca ha estado la labor de esos cinco jueces, de buscar beneficio, de dar armas a la oposición, muy acostumbrada a denunciar y directamente actuar como si el/la denunciado/a hubiera sido declarado culpable, con lo cual esta decisión le ha venido pintada. También, son palabras del Magistrado Martín Pallín, «la derecha ya no piensa en los militares para dar un golpe de Estado como en el 36, ahora utiliza el poder judicial, controlado por jueces de derechas».
Queda el Constitucional y el TJUE, pero el daño ya está hecho. Y en estos casos también, hacer daño merecería una sentencia. Eso además de ser ejemplaridad es hacer Justicia. Porque mientras se permita arbitrariedad a la Justicia, «estamos todos en libertad provisional».
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