La Ley de la Ciencia buscará «invertir» el peso de la inversión pública y privada actual en materia de investigación de forma que pase a ser del 30 y el 70% respectivamente, y fomentará las labores de patrocinio y mecenazgo. De hecho, el Consejo de Mecenazgo, de nueva creación, será el encargado de estudiar «posibles incentivos fiscales». Incentivos fiscales que, no obstante, tendrán que contar con el respaldo del Gobierno.
Así lo ha explicado el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, en la rueda de prensa porterior al Consejo de Gobierno de este miércoles en el que se ha aprobado el proyecto de Ley de la Ciencia de Andalucía cuyos principales objetivos son avanzar en la excelencia de la investigación, otorgar un lugar destacado a la I+D biomédica, favorecer la internacionalización y abrir a la sociedad la ciencia, la tecnología y la innovación mediante la regulación de la ciencia abierta, así como mejorar la gobernanza del sistema andaluz del conocimiento.
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El texto se ha sometido a información pública y a los informes preceptivos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y del Consejo Consultivo, entre otros, y se trasladará ahora al Parlamento de Andalucía para su debate, tal como ha detallado la Junta en una nota. El documento, que ha sido consensuado con los representantes del sistema andaluz del conocimiento y con los agentes económicos y sociales, sustituirá al actual marco legal, que data de 2007 y que precisa «una actualización» que «la haga acorde con la realidad actual y con un ámbito de aplicación más amplio».
En materia de investigación de excelencia, uno de los ejes de esta norma es la activación del Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (Saiex), que reconocerá a los agentes más destacados de la comunidad científica de Andalucía mediante una certificación oficial basada en indicadores objetivos, medibles e internacionalmente homologables que les reconozca como entidades excelentes en el ámbito investigador. El Saiex está integrado por las unidades de Excelencia de Andalucía, los agentes del sistema andaluz del conocimiento y las unidades de Investigación Avanzada (UIA) que hayan obtenido la certificación correspondiente.
Contará además con la asistencia del Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2), que se crea dentro de la estructura de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua). Las unidades de Excelencia de Andalucía tienen como finalidad fomentar la investigación excelente mediante estructuras que potencien y mejoren la colaboración multi e interdisciplinar entre investigadores. Estas estructuras han de mantener, además, una estrecha vinculación con los sectores productivos, de forma directa o a través de estructuras intermedias, y gozarán de una financiación exclusiva para desplegar un plan estratégico para consolidar sus capacidades y su liderazgo científico nacional.
Por su parte, el objetivo de las unidades de investigación avanzada es «reconocer, promover y consolidar y orientar» las estructuras de investigación, en cualquier ámbito científico, y fomentar la generación de conocimiento de impacto, su transferencia y su valoración. El I2A2 será una entidad «pionera» diseñada para «captar y retener el mejor talento científico nacional e internacional». Asistirá también a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a potenciar la excelencia en investigación, así como al Saiex, y prestará apoyo a las unidades de Excelencia para su proyección corporativa, institucional y científica y a los centros y unidades de Excelencia acreditados por el Ministerio y ubicados en Andalucía.
En relación con el personal de investigación del sistema andaluz del conocimiento, la norma incorpora la nueva figura del personal tecnólogo, con competencia en tecnología aplicada para el diseño de productos en su área de actuación, así como los criterios para el desarrollo de las políticas para el personal de investigación y los procedimientos de selección y movilidad de éste. La futura Ley propone mejorar la gobernanza del sistema andaluz de conocimiento mediante la creación de nuevos órganos que permitirán avanzar en la coordinación y colaboración entre agentes públicos y privados.
Así, la Comisión Interdepartamental de Investigación, Tecnología e Innovación estará presidida por el presidente de la Junta de Andalucía; el Consejo Asesor de Investigación, Tecnología e Innovación para Andalucía será un órgano consultivo de reflexión, debate y asesoramiento; el Comité para la Integridad Científica de Andalucía será un ente colegiado, independiente y de carácter consultivo sobre materias relacionadas con la ética profesional en la investigación científica y técnica; y el Sistema de Información Científica de Andalucía tendrá como finalidad disponer de los indicadores necesarios para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas de I+D+I desarrolladas en Andalucía.
Además, con el propósito de favorecer la relación entre el sistema de educación superior y el tejido empresarial, el nuevo marco regulador contempla las unidades de Innovación Abierta. Se trata de agentes del sistema andaluz del conocimiento que están constituidos por una universidad o un organismo público de investigación en Andalucía y una o varias empresas, cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de líneas de investigación innovadoras y desarrollo experimental en Andalucía. También se fomentarán las unidades I+D+I de empresas, que son estructuras de investigación que se focalizarán fundamentalmente en el desarrollo experimental y estarán orientadas a satisfacer las necesidades de su compañía titular.
El texto normativo otorga un papel destacado a la investigación biomédica de excelencia, que en los últimos años se ha implementado en Andalucía mediante el reconocimiento de lo que se ha denominado como ‘Sistema de Investigación e Innovación en Salud del sistema sanitario público de Andalucía’, formado por las fundaciones de gestión de la investigación e innovación en salud, los institutos de investigación sanitaria y los centros temáticos. En esta última categoría se engloban el Centro de Genómica e Investigación Oncológica (GENyO), con sede en Granada y un ejemplo de éxito de colaboración público-privada, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), ubicado en Sevilla, y el Centro Andaluz de Investigación en Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem), en Córdoba.
El Gobierno andaluz quiere impulsar también de manera decidida la internacionalización a través de la Activa, ya que considera una necesidad que la ciencia andaluza transcienda fronteras y que Andalucía sea capaz de exportar innovación, atraer talento y estar presente en aquellos órganos, sobre todo europeos, en donde se toman las decisiones más trascendentales relativas a la financiación de la I+D. Para ello, se contempla que la Junta de Andalucía establezca una adecuada coordinación de los programas que lleva a cabo con los que realizan el Estado, la Unión Europea y terceros países, así como, en colaboración con la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, promover acciones para aumentar la visibilidad internacional y la capacidad de atracción de la comunidad en el ámbito de la investigación y la innovación.
La norma también creará la comunidad del personal investigador andaluz en el exterior, constituida por todo el personal investigador que ejerce sus labores fuera de España. Igualmente, pondrá de relieve la divulgación científica regulando la ciencia abierta como estrategia de transferencia del conocimiento y la innovación, que se fundamenta en el acceso abierto a las publicaciones científicas, la gestión de los datos de investigación y la disponibilidad de infraestructuras.
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