El presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Álvaro Martín, ha querido dejar claro este martes que la cuestión prejudicial que la Sección Primera de dicho organismo ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con relación a la conocida como «pieza política» del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos «no habla de personas» en concreto, sino de «hechos y situaciones».
Así lo ha manifestado el recién elegido presidente de la Audiencia de Sevilla, quien tomó posesión de su cargo la semana pasada, en declaraciones a Canal Sur Radio al hilo de dicha iniciativa que decidió adoptar el pasado mes de julio la Sección Primera, encargada de las nuevas sentencias fruto de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular sus condenas a una decena de inculpados por el procedimiento específico de financiación de los ERE fraudulentos, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
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En concreto, dicha sección de la Audiencia de Sevilla acordó elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con relación al mandato de dictar nuevas sentencias en línea con lo resuelto el año pasado por el Tribunal Constitucional anulando condenas contra ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, una iniciativa que desde la Audiencia justificaron para «evitar un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares» y «salvaguardar los intereses financieros de la UE».
Previamente, la Audiencia había pedido a las partes del procedimiento judicial que informasen sobre si, en este caso, el Constitucional «se ha extralimitado» con una «interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación» en sus sentencias anulatorias de las condenas, si la doctrina introducida por tal tribunal para las nuevas sentencias «incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción», y por la posibilidad de no aplicar tales sentencias anulatorias de las condenas.
En esa línea, el presidente de la Audiencia de Sevilla ha puntualizado que con esta cuestión prejudicial no se trata de «evitar la impunidad de dos personas en concreto» —en alusión a los expresidentes socialistas Chaves y Griñán—, sino de «un planteamiento que traslada» la Sección Primera de la Audiencia Provincial que no es ad hominem, sino sobre «lo que pueda producirse en general».
Es decir, «no hablamos de personas», sino «de hechos y de situaciones, y eso es lo que creo que traslada muy claramente la Sección Primera», ha incidido el presidente de la Audiencia, quien ha abogado por «esperar» a la resolución del TJUE y a la respuesta que dé a esa cuestión prejudicial para ver «si efectivamente existen o no motivos» para la misma.
«Creo que hay que tener un respeto hacia los órganos judiciales en sus resoluciones, esperar a ver qué es lo que resuelven, atender a lo que se establece en los mismos y actuar conforme a esa resolución», ha zanjado Álvaro Martín en esa línea.
Por otro lado, preguntado por la «complejidad» que conlleva la instrucción de macrocausas como la del caso ERE, el magistrado Álvaro Martín ha considerado que «es posible, con un acuerdo entre todas las secciones, organizarnos para llevar a cabo un uso lo más razonable posible de la sala de macrocausas» con la que cuenta la Audiencia de Sevilla.
Y es que, según ha abundado, «una de las vicisitudes que tenemos con estos procedimientos es que son muchos los investigados, y ello nos obliga a tener unas salas específicas de grandes dimensiones», y la Audiencia Provincial solamente cuenta con una de esas características, lo que «nos aconseja que racionalicemos el uso» de la misma, que «establezcamos un cronograma y un programa que nos permita saber claramente cuándo vamos a abordar cada una de las causas, cuándo la sección correspondiente va a tener la disponibilidad sobre esa sala para llevar a cabo la labor de enjuiciamiento de estos procedimientos», ha agregado.
De igual modo, ha opinado que «también sería conveniente que cada una de las secciones, en el periodo en el que esté abordando esos procedimientos, cuente con algún tipo de apoyo o de refuerzo, de tal forma que el magistrado» correspondiente «pueda tener cierta liberación de carga jurisdiccional, y haya otra persona que se encargue de asumir los asuntos» al margen de las macrocausas, según ha añadido el presidente de la Audiencia de Sevilla, que ha defendido así que «hay medidas que se pueden adoptar y que trataremos de promover lo más rápidamente posible para abordar» ese tipo de situaciones.
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