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El Gobierno ha precisado que un total de 13.596 personas han tenido que abandonar los programas de Atención Humanitaria y el Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI) tras recibir una resolución denegatoria a su solicitud de asilo entre los años 2023 y 2026.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a una batería de preguntas del PP sobre las personas solicitantes de protección internacional registradas en España.
Según los datos ofrecidos por el Gobierno, de la cifra total de 13.596 salidas registradas en este periodo, la gran mayoría corresponden al SAPI, donde se han contabilizado 11.910 salidas a través de entidades y 158 a través de Centros de Acogida a Refugiados (CAPI). En el ámbito de la Atención Humanitaria, las salidas alcanzaron las 1.520 en entidades y 8 en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
El desglose anual facilitado por el Ejecutivo refleja un repunte progresivo en las salidas por denegación de asilo, pasando de 2.937 registradas en 2023 a 6.724 en 2025, el ejercicio con la cifra más elevada. En lo que va de 2026, el volumen de personas que han abandonado los recursos tras una negativa se sitúa en 2.005. Mientras en 2024 la cifra total ascendió a 1.930.
En su contestación, el Gobierno precisa que las salidas por denegación de protección internacional en los centros de Atención Humanitaria «empezó a ser registrada a partir de la segunda mitad de 2024», motivo por el que no constan registros en estos recursos específicos durante 2023.
Asimismo, aclara que los datos aportados sobre los beneficiarios dentro del SAPI corresponden únicamente a la «fase de acogida», por lo que no se recogen los casos de salida por esta causa cuando se producen durante la «fase de valoración».
De la misma manera, subraya que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desarrolla la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración, siendo el órgano competente para, entre otras actuaciones, la planificación, desarrollo y gestión de programas de atención humanitaria a personas migrantes, así como para la gestión del SAPI.
Respecto a los datos sobre el número de personas solicitantes de protección internacional registradas en España desde el año 2023, el Ejecutivo apunta que la tramitación de las solicitudes de protección internacional es una competencia del Ministerio del Interior.
