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El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles de forma definitiva la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad tras su paso por el Senado, con buena parte de las enmiendas del Senado.
El texto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Dependencia con el objetivo de reforzar la autonomía personal, ampliar servicios y corregir restricciones introducidas en etapas anteriores.
Concretamente, elimina las incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia; permite el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia; incorpora la figura del asistente personal y amplía la figura de atención más allá de la familia directa, permitiendo que vecinos o amigos sean reconocidos oficialmente como cuidadores.
Asimismo, incluye la teleasistencia como derecho subjetivo; reduce el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia de 6 a 3 meses; modifica la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades de vecinos a solicitar las ayudas para obras de accesibilidad y prohíbe subir el precio de los seguros a personas con discapacidad.
También blinda por ley la financiación estatal del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), estableciendo que la Administración General del Estado asuma el 50% de su financiación -la reforma se vincula a una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027-.
El texto ha llegado al Congreso sin ocho de las enmiendas que el PP y Junts introdujeron en el Senado, que este martes fueron vetadas por el Gobierno, alegando que estas enmiendas suponen un aumento de los gastos previstos en los Presupuestos.
Entre estas enmiendas vetadas, se proponía extender al ámbito tributario la asimilación de las personas en situación de dependencia a la de las personas con discapacidad; fijar un IVA reducido del 4 por ciento para adaptación de vivienda o vehículo o que los dependientes con grado III+ no estén sujetos a copago. También se propuso ampliar más allá de los 26 años la prestación por cuidado de hijo con cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME.
Durante el debate, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que esta reforma, «la mayor reforma social en décadas» es «el mayor honor» que se puede llevar de la política pero, sobre todo, un «logro» para «más de 4 millones de compatriotas con discapacidad, para 1,7 millones de personas atendidas hoy en el sistema de la dependencia, para medio millón de trabajadoras en el sector de los cuidados de larga duración» y «para unas generaciones que empiezan apenas a formularse la pregunta: 'Y a mí, ¿quién me va a cuidar?'».
Asimismo, Bustinduy ha apelado a las comunidades autónomas para que, una vez aprobadas las leyes, se reduzcan las listas de espera. «Las listas de espera de la dependencia deben desaparecer para 2028», ha subrayado el ministro, al tiempo que ha recordado que gracias a la financiación extraordinaria aprobada vía real decreto-ley, las comunidades han recibido en dos meses (julio y agosto) 517.444.324 euros adicionales.
Por su parte, la diputada del PSOE Inés Plaza ha acusado a los 'populares' de intentar «darle la vuelta a la ley como un calcetín», de querer «cargarse la educación inclusiva» y les ha tachado de «oportunistas» por introducir unas enmiendas para la CUME «sin tener en cuenta que la ministra de Inclusión está negociando con las familias».
Mientras, desde la oposición han arremetido contra el veto del Gobierno a sus enmiendas. «Es inconstitucional y yo digo: Qué cobardía impedir el debate de unas enmiendas en las que muchos grupos habíamos estado de acuerdo. Y qué falta de humanidad, señorías, qué falta de humanidad vetar estas enmiendas que sólo pretenden mejorar la vida de las personas más vulnerables», ha reprochado la diputada del PP Violante Olivares. Según ha indicado, las enmiendas vetadas habrían costado «2,3 millones de euros» que, según ha denunciado Tomás, «es lo que vale el cátering del Falcon que Sánchez utiliza para comer embutidos ibéricos y whisky de alta gama».
Asimismo, desde Vox, el diputado Juan José Aizcorbe ha acusado a PSOE y Sumar de caminar «hacia el precipicio» y ha afeado al Gobierno que «veta» enmiendas como la CUME mientras «en relación a las entradas masivas en Ceuta, moviliza 118 millones para acogida y atención a inmigrantes».
Por su parte, la diputada del PNV Nerea Renteria ha tachado de «grave» este «bloqueo» del Gobierno porque «no respeta el trabajo parlamentario» y el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch ha calificado de «gran error» el bloqueo «por unos millones». En especial, ha lamentado el veto a la eliminación del límite de edad para la CUME que, según ha advertido, «no es una ayuda» sino un «salario diferido».
También ha lamentado el veto la diputada de EH Bildu Marije Fullaondo la Cruz, quien ha señalado que a la reforma «le falta valentía» y que «quedan pendientes deudas históricas con colectivos, como las personas afectadas por la polio o quienes sufrieron esterilizaciones forzadas». Desde Junts, Pilar Calvo ha afeado al PSOE que les tachara de «oportunistas» por presentar enmiendas en el Senado para flexibilizar la prestación CUME.
Mientras, la diputada de Podemos Noemí Santana ha destacado que la ley contiene «avances importantes» pero ha avisado de que «un derecho no es real si la financiación no llega», si «no llega a tiempo» o si depende del Código Postal. Por parte del BNG, el diputado Néstor Rego ha dicho que su principal preocupación es «asegurar que habrá recursos necesarios para garantizar prestaciones dignas» y, para ello, ha subrayado que es necesaria «una financiación a la altura de las necesidades» porque, si no, la ley será "papel mojado.
