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Los Veintisiete han cumplido este jueves el último trámite para adoptar formalmente el acuerdo que endurece la política de retornos de la Unión Europea y consolida la externalización de los centros de deportación en terceros países, a donde trasladar a los migrantes sin derecho a asilo mientras se completa su expulsión de la UE; un marco legal al que España se ha opuesto durante todas las negociaciones y por el que ha votado en contra de la directiva.
La luz verde definitiva a la controvertida reforma se ha producido en una reunión de ministros de Interior de la Unión Europea celebrada en Luxemburgo, en la que el titular español, Fernando Grande-Marlaska, ha votado en contra porque el Gobierno mantiene sus dudas respecto a la compatibilidad de estos centros con el Derecho europeo e internacional. El resto de socios, a excepción de la abstención de Bélgica, han respaldado la nueva norma.
De este modo, el bloque respalda modelos similares al que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni negoció con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a asilo mientras se gestiona su expulsión y reconoce que tales acuerdos pueden ser negociados por uno o varios países o incluso por la Unión.
Estos modelos para los que se crea un nuevo encaje legal ya que hasta ahora no eran compatibles con el Derecho comunitario, no podrán ser destino al que sean transferidos los menores no acompañados. Dichos centros podrán servir como destino final o como centros de tránsito para facilitar el regreso al país de origen o a otro tercer país.
Las disposiciones del nuevo reglamento se aplicarán en un plazo de doce meses a partir de su entrada en vigor, aunque algunas como el aval a la externalización de los centros de deportación y el apoyo a la agencia europea de control de fronteras (Frontex) empezarán a aplicarse tan pronto como la nueva norma sea publicada en el Diario Oficial de la UE (DOUE).
Otra de las claves del nuevo reglamento es que se establece la obligación para los demandantes de asilo de aceptar cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión en caso de que se les deniegue el asilo y prevé, además, plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses si no cooperan o las autoridades ven riesgo de fuga.
Este plazo podrá incluso ampliarse seis meses más en caso de riesgo de fuga o de que exista una perspectiva razonable de expulsión, mientras que hasta ahora sólo se contempla la opción de una detención de seis meses por riesgo de fuga u obstrucción a una expulsión ya decidida, con una posible prórroga de doce meses.
Estos plazos se podrán aplicar incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños, ya que aunque se apunta que debe ser una medida de «último recurso» y aplicada por el periodo más corto posible teniendo en cuenta el interés superior del menor, la legislación no establece límites por debajo de los 24 meses generales.
Asimismo, el nuevo reglamento introduce la Orden Europea de Retorno (ORE), un formulario en el que los Estados miembro deben consignar los elementos clave de la decisión de retorno. Con ello se quiere facilitar el reconocimiento mutuo en el futuro, ya que los Estados miembro dispondrán de la información necesaria para reconocer la decisión de retorno de otro Estado miembro.
«Esta importante regulación acelerará los procedimientos de retorno de aquellos que no tienen derecho legal a permanecer en la UE, completará el Pacto de Migración y Asilo y contribuirá a su implementación efectiva, al tiempo que se respetan los Derechos Fundamentales», ha asegurado el ministro de Justicia e Interior irlandés y presidencia de turno del Consejo de la UE, Jim O'Callaghan, antes de proceder a la sesión de votación que ha certificado el visto bueno de los 27.
Entretanto, cinco países del bloque —Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca y Países Bajos— siguen adelante con sus negociaciones para poder poner en marcha un primer centro de deportación en un país tercero y sus ministros de Interior se han reunido en Luxemburgo, en los márgenes de la reunión a Veintisiete, para seguir avanzando.
«Se trata de soluciones innovadoras que ahora van a quedar blindadas legalmente, completamente, a nivel jurídico», ha expresado en declaraciones a la prensa en Luxemburgo el ministro alemán de Interior, Alexander Dobrindt, quien no ha querido dar detalles sobre los países terceros con los que este grupo de cinco mantienen «contactos preliminares».
Así, Dobrindt ha concedido que se trata de un asunto «complejo» que requiere «tiempo y esfuerzo», por lo que, ha dicho, quedan meses para poder evaluar la disposición de las posibles sedes y asegurar que la base jurídica de los centros es sólida a largo plazo.
El ministro alemán tampoco ha dado un calendario estimado para la puesta en marcha de los llamados 'hubs', aunque de reuniones previas que han Grecia, Alemania, Austria, Dinamarca y Países Bajos sí ha trascendido que cuentan con tenerlo todo listo para la segunda mitad de 2027.
El titular danés de Inmigración, Morten Bodskov, por su parte, ha asegurado que las conversaciones del grupo de los cinco «avanzan muy bien» hacia el objetivo de «transformar» la política migratoria y de asilo común, porque, asegura, la implantación de centros de deportación fuera de la UE no sólo tendrá un efecto en los países de la UE, sino que tendrá un «enorme efecto de presión» porque los traficantes «dejarán de ganar dinero». «Avanzamos en la dirección correcta», ha remachado.
De manera similar se ha expresado el ministro austríaco, Gerhard Karner, para quien la decisión de este jueves es «enormemente importante porque desmiente los relatos de los traficantes de personas». También ha apuntado avances en la reunión con el resto de países que buscan «aprovechar esta posibilidad legal».
