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Casi seis de cada diez jóvenes españoles en situación de vulnerabilidad (59,6%) califica su salud mental en los últimos doce meses como «regular» (42,2%) o «mala» (17,4%), según el estudio 'Desconexión y Futuro: una juventud atrapada', llevado a cabo por Ayuda en Acción en 2025 y 2026, y publicado coincidiendo con el Día de la Salud Mental, que se celebra este 10 de octubre.
El informe analiza esta realidad a través de la experiencia de la juventud de entre 16 y 30 años participante en el programa Impulsa Empleo Joven (IEJ), que opera en siete comunidades autónomas acompañando a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
La metodología combina cinco grupos de discusión en A Coruña, Madrid, Valencia, Málaga y Mérida; una encuesta a 200 jóvenes; y entrevistas en profundidad a dos expertos en política, sociología y comunicación.
De los datos se desprende que la dificultad para encontrar un empleo estable (30,2%) y las preocupaciones económicas (15,6%) son las causas principales de este bajo bienestar emocional entre los jóvenes.
«La salud mental no aparece en los grupos de discusión como un problema autónomo, caído del cielo: aparece como la acumulación de todo lo anterior. De los meses encadenando contratos que no conducen a ningún sitio. De los años viviendo en casa de los padres sin poder proyectar la salida. Del agotamiento de reiniciar constantemente desde cero», señalan los autores del informe.
Los propios jóvenes describen su etapa vital con cuatro palabras: incertidumbre (16,8%), falta de oportunidades (16,1%), inestabilidad (14,9%) y precariedad (11,2%).
Además, un 48,2% dice que no tiene dinero para el ocio que le gustaría y un 22,6% de los entrevistados reconoce pasar demasiado tiempo solo o sin compañía.
Al mismo tiempo, el 94,5% considera que el ocio puede constituir un espacio de participación política.
«El primer hallazgo relevante del estudio es que esta juventud está excluida de los espacios que históricamente han actuado como lugares de fricción social: aquellos en los que se construyen identidades colectivas, se debate, se genera comunidad y, en última instancia, se participa», apunta la investigación.
Ante estos datos, el informe propone algunas recomendaciones como reconocer el ocio como una política pública de participación juvenil, garantizar recursos de salud mental accesibles desde los espacios educativos y comunitarios, o compensar y facilitar la participación de la juventud en situación de vulnerabilidad, a través de ayudas al transporte o compensaciones económicas simbólicas.
«Para que la participación juvenil sea realmente inclusiva, es necesario reconocer que participar tiene costes. Requiere tiempo, transporte, disponibilidad emocional, conocimientos previos y, muchas veces, dejar de hacer otras tareas urgentes vinculadas al empleo, la formación o los cuidados», indica el estudio.
