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Las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas en España se encuentran con «dificultades» a la hora de ejercer sus derechos básicos, con especial impacto en el acceso a la vivienda, el empleo y los servicios financieros.
Así lo advierte la última actualización del informe sobre España de la Base de Datos de Información sobre Asilo (AIDA), elaborado por el Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (ECRE) en colaboración con la ONG Accem, actualizado en 2025.
«Los solicitantes de asilo, los migrantes y los refugiados siguieron encontrando dificultades para ejercer sus derechos, especialmente en materia de vivienda, empleo y servicios financieros, en parte debido a prácticas discriminatorias. Los menores extranjeros no acompañados y las personas LGTBIQ+ siguieron siendo objeto de discriminación social», señala.
A las barreras en el mercado inmobiliario se suman los retrasos en la asignación de citas previas para formalizar las solicitudes de asilo, con plazos de espera que en diversas provincias superan habitualmente los tres meses. Según señala el informe citando advertencias de ACNUR, estas demoras impactan de forma negativa en los derechos de los solicitantes, dificultando su acceso oportuno a los recursos del sistema de acogida y dejándolos en una situación de «riesgo».
«A pesar de los esfuerzos de las autoridades, ACNUR siguió señalando la necesidad de establecer un sistema uniforme a nivel nacional que garantice el acceso a un procedimiento eficaz, accesible, seguro y respetuoso con todas las personas que solicitan asilo en España», subraya.
Igualmente, indica que, en noviembre de 2025, el representante de ACNUR en España afirmó que el «mal funcionamiento» del sistema de asilo español «se debe principalmente a la falta de recursos adecuados y de voluntad para ponerlo en marcha».
Algunas de las dificultades relacionadas con la obtención o renovación de la documentación para los solicitantes de asilo y los beneficiarios de protección internacional, así como con la notificación de las resoluciones de asilo, que se señalaron en 2024, el informe subraya que persistieron también en 2025, lo que en algunos casos provocó la pérdida del empleo o la cancelación de cuentas bancarias debido a la falta de documentación válida.
En cifras totales, el informe recoge que durante 2025 se registraron 140.396 solicitudes de protección internacional en España. Las personas procedentes de Venezuela, Malí, Colombia, Perú y Senegal concentraron el mayor número de peticiones.
La actualización incluye un apartado específico dedicado a la protección temporal de las personas desplazadas por la guerra en Ucrania. Durante 2025, España concedió esta medida a 30.628 personas, lo que eleva a 338.576 el número total de autorizaciones otorgadas desde su puesta en marcha en marzo de 2022.
A finales de 2025, 35.647 personas beneficiarias de protección temporal se encontraban trabajando en España, principalmente en sectores como la construcción, la hostelería, el comercio y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
La publicación analiza también diversas novedades jurídicas registradas durante el último año, entre ellas resoluciones del Tribunal Supremo relacionadas con la protección de la infancia refugiada y con los procesos de regularización de personas migrantes. Además, examina las primeras medidas adoptadas por España para la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, llamado a redefinir la gestión de la protección internacional en los próximos años.
