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El Tribunal de Cuentas ha detectado «graves deficiencias» en la contratación y en el seguimiento del sistema telemático de medidas de alejamiento diseñado para la protección de las víctimas de violencia de género y sexual.
Así se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas publicado este miércoles después de que la Fiscalía General del Estado alertara en su memoria de 2024 de «múltiples fallos» en los dispositivos electrónicos.
Ante esta situación, decidió fiscalizar los contratos celebrados sucesivamente por el Ministerio de Igualdad para la prestación del servicio en los ejercicios 2018, 2021 y 2023 (este último vigente hasta mayo de 2026).
En este sentido, revela que los contratos mencionados alcanzaron un importe total de 102,6 millones de euros de los cuales 42,6 millones correspondían al contrato de 2023 financiado, en parte, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Asimismo, se ha analizado un contrato menor relacionado con el objeto de la fiscalización por importe de 12.706,21 euros.
El informe señala que en los contratos de 2018 y 2021 no se previó un Plan de Transición para garantizar la continuidad de la prestación del servicio sin interrupciones, «imprescindible», además, en caso de que se produzca un cambio de adjudicatario. El contrato de 2023 tampoco lo preveía inicialmente por lo que hubo de procederse a la «oportuna» modificación contractual aprobada en julio de 2023.
Según el Tribunal de Cuentas, la ausencia de dicho Plan y el cambio de adjudicatario produjeron «deficiencias» que afectaron a la prestación del servicio. En concreto, expone que se presentaron «problemas» de acceso a la información histórica proporcionada por la anterior adjudicataria que impidieron dar respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes.
«Esta situación se mantuvo hasta octubre de 2024 momento en que, coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía, el Ministerio de igualdad pone en marcha actuaciones para coordinar o arbitrar su solución», apunta.
Igualmente, el órgano destaca en el informe que se produjeron «graves deficiencias» en la ejecución del contrato de 2023 «durante prácticamente toda su vigencia del contrato que, si bien han sido resueltas, comprometieron su efectividad durante una parte del periodo fiscalizado».
«Los fallos principales afectaron a la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías deficientes (con baja autonomía), retrasos en las reparaciones», argumenta.
Del mismo modo, indica que, en noviembre de 2025, el Ministerio de Igualdad encargó una auditoría tecnológica externa que «corroboró las vulnerabilidades críticas detectadas en los dispositivos».
SOLICITA «LA MEJOR TECNOLOGÍA DISPONIBLE»
Por esta razón, el Tribunal considera que en este tipo de contratos «debe primar sobre todo la calidad en la prestación del servicio por encima del ahorro de costes». Además, señala que «resulta imprescindible» asegurar en las fases de preparación del contrato la utilización «de la mejor tecnología disponible que minimice hasta el extremo la posibilidad de que los agresores ejerzan cualquier tipo de violencia sobre las víctimas».
Finalmente, recuerda que el sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas por la autoridad judicial en los casos de violencia de género y violencia sexual es un sistema que permite verificar de manera constante que dichas medidas de alejamiento se cumplen, ya sea como medida cautelar, pena, condición para la suspensión de penas privativas de libertad o dentro de la libertad vigilada, según lo determine la autoridad judicial competente.
También añade que sus fines principales son garantizar de manera efectiva el derecho de la víctima a su seguridad, prevenir nuevas agresiones disuadiendo a los agresores, y asegurar el registro de cualquier quebrantamiento de las medidas judiciales, con información continua y actualizada.
Por otro lado, el informe incorpora alegaciones por parte de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) y anteriores cargos del departamento, entre ellas la exministra de Igualdad, Irene Montero.
Así, la Secretaría de Estado de Igualdad defiende en el documento la incorporación de avances como el paso a la titularidad pública de los equipos, la cobertura a víctimas de violencias sexuales, el modelo multiagresor/multivíctima y los botones del pánico.
DISPOSITIVOS MÓVILES PERDIDOS O ROBADOS
Por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, señala que, a junio de este año, el número total de brazaletes perdidos o robados es de 790 y el de rotos irrecuperables de 3.288 desde el inicio del contrato de 2023. Mientras, el número total de dispositivos móviles de agresores perdidos o robados es de 1.964 y de rotos irrecuperables de 6.795 y frente a 681 y 233 por parte de las víctimas.
Por último, anteriores cargos del Ministerio de Igualdad defienden en sus alegaciones que cumplieron con las exigencias de control, seguimiento y actuaciones «de todo tipo» para garantizar el cumplimiento «adecuado» de los contratos y su ejecución así como, por encima de ello, garantizar la prestación de servicios y los derechos de todas las víctimas de violencias machistas.
