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El relator de la ONU en vivienda, Koldo Casla, ha criticado el desahucio de Maricarmen de su piso en el que llevaba viviendo 70 años en Madrid y ha reprochado a la jueza no haber suspendido el desalojo para «evitar un daño irreparable y para permitir que España cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos de buena fe».
Casla ha recordado, a través de su perfil en BlueSky, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU, decretó medidas cautelares hace unos meses para suspender el desahucio temporalmente y ha asegurado que «no debe» producirse éste «sin alternativa habitacional».
«Esto significa que todo desahucio que pueda dejar a alguien en la calle debe ser paralizado hasta que el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma ofrezca una alternativa viable y justa» . A su juicio, «no hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa».
Y cree que «un gran tenedor no debería tener permitido cambiar las condiciones de alquiler unilateralmente como paso previo para expulsar a un arrendatario de su vivienda». «Si la inversión no es rentable con inquilina dentro, que haga negocio en otra parte», ha añadido.
En su opinión, «la legislación procesal requiere una enmienda» porque «este caso pone de manifiesto que la legislación española actualmente no garantiza un análisis de proporcionalidad individualizado...»
