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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este miércoles que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el próximo martes un nuevo Real Decreto-Ley con una dotación de 40,3 millones de euros para atender los gastos extraordinarios que ha tenido que asumir el Gobierno de Ceuta en materia de seguridad y limpieza, entre otros.
Así lo ha puesto de manifiesto Torres tras presidir en Ceuta el Comité de Situación que coordina la crisis migratoria en la ciudad autónoma. El ministro también ha señalado que el recurso de acogida aprobado ayer por el Consejo de Ministros junto a la cárcel de Ceuta «será el último» y se utilizará si es necesario hacerlo.
Así, ha asegurado que entienden que los recursos activados en un total de ocho emplazamientos, ya son suficientes para las personas que quedan pernoctando en la ciudad. Además, ha apuntado que el noveno espacio, cedido por la Ciudad de Ceuta, el embolsamiento en Loma Colmenar, está operativo y con migrantes en su interior.
Torres ha actualizado los datos respecto a los ofrecidos ayer y ha señalado que a día de hoy hay 3.336 migrantes mayores de edad en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), lo que supone «casi 800 más» que en la última comperecencia.
El ministro ha resumido que desde el pasado 10 de agosto han retornado a Marruecos 8.223 personas, lo que significa 1.432 más que hace una semana, según ha señalado, más de 200 personas al día. Junto con ello, ha señalado que 453 personas han sido expulsadas por razones diversas.
Respecto a los menores, 2.566 que ya han sido filiados y se han enviado 10 expedientes de reagrupación de esos menores a Marruecos, esto significa dos más desde ayer. Junto a ellos, 69 han sido reagrupados en familias en la Península y otros 144 reubicados en otras comunidades autónomas menores que estaban en Ceuta estén en el resto del territorio español, en otras comunidades autónomas.
También ha apuntado que se han llevado a cabo 594 solicitudes de determinación de edad analizadas desde el Ministerio de Justicia, de las que se ha determinado que 553 son menores. Torres también ha asegurado que «no hay presión hospitalaria» dado que los migrantes ocupan catorce camas de un total de más de 200.
