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El Gobierno aboga por proteger a los menores frente a la pobreza, la violencia y la IA en el Día de la Infancia

· 3 min · Redacción

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Lo esencial

El Gobierno ha aprobado una declaración para el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, pidiendo protección a menores migrantes y regulación de la inteligencia artificial.

Por qué importa

Importa porque el Gobierno subraya la necesidad de proteger a los menores, especialmente a los migrantes, y de regular la inteligencia artificial para garantizar la privacidad y seguridad de los niños.

Qué ocurrió

El Gobierno ha aprobado una declaración institucional para el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia. En ella, reclama corresponsabilidad entre territorios para proteger a menores migrantes, aboga por regular la inteligencia artificial y exige reforzar la lucha contra la pobreza y la violencia hacia los niños.

Entre líneas

La declaración refleja la preocupación del Gobierno por la vulnerabilidad de los menores migrantes y la necesidad de una regulación estricta de la inteligencia artificial para proteger a los niños. Es la version del Ministerio de Juventud e Infancia, no un hecho verificado de forma independiente.

La clave

El Gobierno concluye que es necesario una corresponsabilidad efectiva entre territorios para proteger a los menores migrantes y regular la inteligencia artificial para garantizar la privacidad y seguridad de los niños.

Artículo completo

El Gobierno ha aprobado este viernes una declaración institucional con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia en la que reclama «corresponsabilidad efectiva entre territorios» para acoger y proteger a los menores migrantes, aboga por regular el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y exige reforzar la lucha contra la pobreza y cualquier forma de violencia contra los niños y adolescentes.

En el texto, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia con motivo del aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU en 1989, el Ejecutivo reafirma que la protección de todos los menores, con independencia de su procedencia o situación administrativa, constituye una «obligación» de las administraciones públicas.

En este sentido, advierte de que la infancia migrante atraviesa situaciones de «especial vulnerabilidad», agravadas por la falta de redes familiares, las experiencias de desprotección en los procesos migratorios, las trabas para acceder a servicios esenciales y una «creciente estigmatización que la convierte en objeto de discursos de rechazo y criminalización».

«Su interés superior debe prevalecer en todas las decisiones que les afecten, y su acogida y protección requieren una corresponsabilidad efectiva entre territorios», subraya.

Por otro lado, la declaración también hace referencia en la transformación digital y el avance de la IA. El Gobierno sostiene que la regulación pública debe fijar las condiciones en las que se diseñan y utilizan estas tecnologías para situar la privacidad, la seguridad y la autonomía de los menores por encima de los intereses comerciales de las plataformas.

Para lograrlo, pide imponer «obligaciones efectivas» a las empresas tecnológicas, frenar la «explotación comercial» de sus datos personales e impulsar sistemas de IA que integren los derechos de la infancia desde su diseño, además de fomentar la «alfabetización digital». En este marco, destaca su participación en el impulso del Reglamento europeo 'EU Kids Act' para garantizar entornos digitales «fiables».

El Ejecutivo también señala que las desigualdades económicas, sociales y territoriales siguen limitando los derechos de los menores y sitúa la pobreza infantil como una de sus expresiones «más graves». Para atajarla, reclama una respuesta «sostenida, coordinada e integral» entre administraciones y el fortalecimiento de los servicios públicos de educación, sanidad, vivienda, protección social y cuidados.

Asimismo, el texto exige políticas integrales de prevención, detección, protección y reparación frente a todo tipo de violencia -física, psicológica, sexual, machista, vicaria, acoso o violencia institucional-, al mismo tiempo que aboga por evitar la revictimización y reforzar los mecanismos de escucha.

Finalmente, en el ámbito internacional, el Gobierno recuerda el «grave» impacto de los conflictos armados y crisis humanitarias en los menores, citando expresamente los casos de Gaza y Ucrania, y reitera su compromiso con el Derecho Internacional y la rendición de cuentas por las violaciones «graves» de sus derechos.

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