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El coste de criar a un hijo con discapacidad en España

· 3 min · Redacción

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Lo esencial

Criar a un hijo con discapacidad en España puede costar hasta 1.662 euros al mes, el doble que criar a un hijo sin discapacidad.

Por qué importa

Importa porque la discapacidad puede duplicar el coste de la crianza y aumentar el riesgo de pobreza infantil.

Qué ocurrió

El CERMI ha publicado un informe que revela que criar a un hijo con discapacidad puede costar hasta 1.662 euros al mes, casi el doble que criar a un hijo sin discapacidad.

Entre líneas

El informe del CERMI es la version de esa entidad, no un hecho verificado de forma independiente.

La clave

El CERMI propone garantizar el acceso a servicios públicos, incluir un complemento por discapacidad en la prestación universal de apoyo a la crianza y calcular anualmente el sobrecoste de la discapacidad infantil para actualizar las ayudas públicas.

Artículo completo

Criar a un hijo con discapacidad en España puede costar hasta 1.662 euros al mes, el doble que el coste de la crianza de un hijo sin discapacidad, que se sitúa en 835 euros mensuales de media, según revelan los primeros resultados de un informe del CERMI publicado este viernes, 20 de noviembre, con motivo del Día Mundial de la Infancia.

Así, el CERMI ha alertado de que la discapacidad puede «casi duplicar» el coste de la crianza y «agravar el riesgo de pobreza infantil».

El estudio, titulado 'El coste de la crianza de los niños y niñas con discapacidad', elaborado por KSNET por encargo y bajo las directrices del CERMI Estatal, sitúa el gasto total por hijo entre 882 y 1.662 euros al mes cuando existe discapacidad, lo que supone un sobrecoste de entre 47 y 826 euros mensuales.

El informe muestra que no existe un único coste de la discapacidad infantil, sino diferencias según el tipo de discapacidad y la intensidad de los apoyos requeridos. Los gastos sanitarios representan la partida más importante en la mayoría de los perfiles analizados debido al desembolso en terapias, productos de apoyo, ortesis, audífonos y otros recursos especializados.

Asimismo, la educación adquiere especial relevancia en determinadas situaciones de discapacidad visual y psicosocial por la necesidad de materiales, adaptaciones y apoyos específicos, según el estudio.

La investigación advierte de que las cantidades calculadas constituyen una estimación de mínimos, ya que su metodología presupone el acceso gratuito a la cartera pública de prestaciones, «mientras que en la práctica las listas de espera, la insuficiencia de recursos y las desigualdades entre comunidades autónomas obligan en muchos casos a contratar servicios privados o a prescindir de apoyos, afectando especialmente a las familias con menos recursos económicos».

Además, el estudio pone de manifiesto «una importante carencia de información estadística» desagregada por sexo «que impide analizar adecuadamente la situación específica de las niñas con discapacidad», por lo que el CERMI reclama incorporar la perspectiva de género en la producción estadística y en el diseño de políticas públicas conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación española en materia de igualdad.

Ante este «agravio comparativo económico», el CERMI plantea tres actuaciones prioritarias, empezando por «garantizar el acceso efectivo y sin demoras a los servicios públicos, especialmente a la atención temprana y a los apoyos sanitarios y sociales».

En segundo lugar, propone incorporar a la futura prestación universal de apoyo a la crianza «un complemento específico por discapacidad calculado según el sobrecoste de cada menor», integrando y simplificando medidas actuales como la deducción del IRPF por descendiente con discapacidad y la asignación económica por hijo o menor a cargo con discapacidad, con reconocimiento de oficio y una cláusula de no regresión para evitar que ninguna familia pierda derechos o perciba una cuantía inferior a la actual.

Como tercera medida, la entidad reclama calcular anualmente el sobrecoste de la discapacidad infantil para actualizar automáticamente las ayudas públicas, junto con la puesta en marcha de un sistema estatal que publique, desglosados por comunidad autónoma, los tiempos de espera y el grado de cobertura efectiva de las prestaciones.

El estudio forma parte de un proyecto del CERMI Estatal financiado con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades destinada a fines sociales, y ha contado con el apoyo de Save the Children y Fundación CERMI Mujeres.

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