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El Consejo Económico Social (CES) ha avalado el anteproyecto de Ley Intergral contra la Trata del Gobierno pero ha pedido incorporar la Inteligencia Artificial (IA) para detectar redes criminales, así como a habilitar un teléfono de atención continua 24 horas.
En su dictamen, aprobado el 28 de octubre, el CES celebra que la norma dé respuesta a una demanda social al acotar conceptos y tipificar de manera autónoma en el Código Penal delitos como el trabajo forzoso, la servidumbre o la esclavitud.
No obstante, reclama tener en cuenta diversas observaciones, entre las que se encuentran incorporar IA, un teléfono 24 horas o incluir a patronal y sindicatos en el desarrollo de la norma.
«El CES entiende que el Anteproyecto podría ir más allá de la vigilancia de las plataformas digitales y de la habilitación de cauces de denuncia, y aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías, en particular de la inteligencia artificial, como herramienta para proteger a las víctimas, perseguir los delitos de trata y explotación, y prevenirlos proactivamente», asegura el CES.
Así se desprende del Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la trata y la explotación de seres humanos, consultado por Europa Press.
En este sentido, considera que el abordaje de la dimensión tecnológica en el Anteproyecto «no debería limitarse a las medidas de prevención, sensibilización y formación en el ámbito digital recogidas hasta ahora».
A su juicio, el tratamiento de un volumen ingente de datos con estas herramientas «permitiría detectar de forma temprana anuncios, perfiles y patrones de captación, prevenir e interrumpir la explotación sexual telemática y retirar con rapidez los contenidos asociados y perseguir a sus promotores».
Además, el CES «echa en falta» la referencia en el texto al establecimiento de una línea de atención telefónica de acceso continuo (las 24 horas al día, los 365 días del año), gratuita, confidencial, de marcación abreviada, accesible, y atendida por personal con formación especializada en trata y explotación, similar a las existentes y con eficacia probada en ámbitos como la lucha contra la violencia de género.
«La concreción en torno a este tipo de instrumentos contribuye a sustanciar y acercar los derechos de las víctimas consagrados en la norma; en este caso, el de asistencia y apoyo ofreciendo todas las garantías de protección y promoviendo su efectividad», argumenta.
Por otro lado, el CES considera necesario que la configuración del nuevo marco normativo integral contra la trata y la explotación se aborde en un proceso de diálogo social tripartito, que permita dotar al nuevo sistema de «un plus de legitimación», al nacer del diálogo social, y «enriquecerse a través de este».
Asimismo, lamenta que se hayan obviado los procedimientos habituales de participación y consulta con los interlocutores sociales, a pesar de que «buena parte» de las previsiones del Anteproyecto «afectan al ámbito laboral que les es propio y donde su implicación resulta fundamental para la eficacia de la norma, como se verá a continuación».
Igualmente, subraya que las organizaciones sindicales y empresariales pueden jugar un «papel fundamental» tanto en la detección, inserción, asistencia y recuperación de las víctimas, como en la sensibilización social y en la formación.
También muestra «perplejidad» por el hecho de que haya un artículo del Anteproyecto dedicado expresamente a «los interlocutores sociales». «Claramente no se corresponde con las organizaciones que son reconocidas como tales en España», añade.
En el plano empresarial, el informe advierte sobre la necesidad de acotar con precisión las conductas de «imprudencia grave» sancionadas por el uso de servicios prestados por víctimas. «Todo ello, en aras de la seguridad jurídica y para garantizar la certidumbre en la actividad empresarial», apunta.
Del mismo modo, propone que los bienes y ganancias decomisados a los explotadores se destinen a indemnizar a las víctimas. Para reforzar este derecho, sugiere la creación de un Fondo Estatal, o «un instrumento similar», alimentado por el patrimonio incautado a las redes criminales.
De la misma manera, pide reforzar el foco sobre el objetivo de inserción laboral de las víctimas de trata y explotación. «Efectivamente, el acceso al empleo digno y al mercado laboral regulado representa una vía de recuperación central para las víctimas de trata y explotación. Sin embargo, las necesidades de apoyo de estas son frecuentemente múltiples y complejas y, por tanto, requieren un abordaje multidimensional», afirma.
Finalmente, en cuanto a la técnica jurídica, el CES considera que la redacción del texto sometido a dictamen resulta «mejorable» en aras de una «mejor comprensión» por parte de las personas destinatarias. A su juicio, «en ocasiones, resulta demasiado ambiguo y, en algunas de las modificaciones que introduce, se aprecian incorrecciones, vacíos o preceptos indeterminados».
Esta situación, indica que «puede dificultar la aplicación de la norma y generar inseguridad jurídica». Por ello, exige «un mayor esfuerzo de concreción y revisión del articulado»
