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El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ha asegurado que el Derecho internacional y los Derechos Humanos son sus «únicas líneas rojas» para definir un mecanismo de emergencia que permita suspender los derechos de asilo ante crisis de presión migratoria como la vivida en Ceuta y acelerar así los retornos; al tiempo que ha avisado de que la reflexión está en una fase muy inicial y que espera que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE marquen la orientación en la próxima cumbre de los días 15 y 16 de octubre en Bruselas.
«Las líneas rojas son el Derecho internacional y los Derechos Humanos, eso está claro para mí», ha zanjado el comisario en una rueda de prensa en Luxemburgo, al término de una reunión con los ministros de Interior de la UE en la que los 27 han dado por iniciada la reflexión para endurecer el control de la frontera exterior y estudiar la suspensión de las reglas de asilo en caso de amenazas híbridas que utilicen la inmigración como arma para desestabilizar a la Unión.
Con el Pacto de Migración y Asilo plenamente en vigor sólo desde el pasado junio y con la reforma para agilizar los retornos aún pendiente de aplicación, Brunner ha querido dejar claro que el hecho de poner un nuevo instrumento sobre la mesa no supone «infravalorar» las últimas medidas europeas, sino que se busca completar reglas que ya están dando resultado con mecanismos que cubran lagunas.
Así, ha asegurado tras el debate con los 27, «todo el mundo está de acuerdo en que necesitamos algún marco de emergencia y ahora tenemos que ver cómo lo hacemos y qué nos dicen los líderes la semana próxima sobre de qué manera se puede hacer», ha razonado el conservador austríaco.
De hecho, el comisario ha asegurado que la idea de un marco de emergencia fue ya evocado el pasado enero cuando Bruselas expuso su estrategia para los próximos cinco años, pero que «de alguna manera, Ceuta ha avivado esta discusión, por lo que pronto presentaremos una propuesta».
La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ya avanzó en el Debate sobre el Estado de la Unión a principios de mes que la idea de su equipo es contar con un nuevo «marco europeo de respuesta a emergencias» que permita suspender por «tiempo limitado» los «estándares de los procedimientos» de expulsión de quienes lleguen en un contexto de «instrumentalización de la inmigración» por un ataque híbrido de un país tercero.
Ya en vísperas de la reunión de este jueves en Luxemburgo, y con la vista puesta en la cumbre de líderes de dentro de dos semanas, el Partido Popular Europeo (PPE) ahondó en esta idea y reclamó el miércoles en una resolución protocolos específicos que permitan a los gobiernos suspender el derecho al asilo temporalmente en situaciones de amenaza híbrida, es decir, que puedan denegarse las peticiones de protección internacional de manera generalizada sin evaluar caso por caso de manera individual, tal y como obliga la legislación comunitaria e internacional.
Varias capitales advierten de la complejidad «legal» y «política» que un protocolo tal plantea y cuestionan su compatibilidad con el respeto de los Derechos Fundamentales de los demandantes de asilo, pero una mayoría de delegaciones se ha mostrado dispuesta a avanzar en esta dirección para diseñar un mecanismo que sea compatible con esos límites.
La mayoría de ministros que se han expresado a su llegada a la reunión, de hecho, han considerado que hay «lagunas» en el Pacto migratorio común que hacen que la UE siga siendo vulnerable ante episodios de instrumentalización y piden que el caso de Ceuta sea entendido como una señal de alerta respecto a la necesidad de prepararse mejor ante el riesgo de nuevas crisis.
