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El Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha reclamado este martes a la comunidad internacional que vea como una «responsabilidad compartida» la protección del estrecho de Bab el Mandeb y evite que este estratégico paso comercial se convierta en una «carta de chantaje de un grupo terrorista», en alusión a los rebeldes hutíes.
El embajador yemení ante Naciones Unidas, Abdulá Alí Fadhel al Saadi, así lo ha señalado ante una sesión convocada de urgencia con el grupo de 15 países, después de que la insurgencia hutí se haya hecho recientemente con el control de la costa yemení del mar Rojo tras una ofensiva lanzada a principios de septiembre.
El representante ha querido recalcar que Bab el Mandeb «es territorio y aguas de Yemen, pero los intereses que protege trascienden sus fronteras y afectan a todos los países del planeta». «Cada barco que cruza este estrecho, cada envío —incluidos los de energía— y cada cadena de suministro que depende de él hacen que su seguridad forme parte de la seguridad económica de países situados a miles de kilómetros de Yemen», ha señalado.
Al Saadi ha insistido por ello en que los yemeníes que hoy se enfrentan a los hutíes no solo lo hacen cumpliendo con su «deber nacional», sino que están «en la primera línea de defensa de un corredor internacional del que dependen los intereses de todo el mundo».
En este sentido, ha advertido al Consejo de Seguridad de los efectos de dejar que Yemen asuma sola la protección de Bab el Mandeb. «La cuestión es si el mundo reconocerá que proteger este interés es una responsabilidad compartida o si dejará a los yemeníes solos para asumir el coste de proteger un corredor que todos necesitan (...) Si aceptará que una de las vías de paso más importantes del mundo para el comercio y la energía se convierta en una herramienta de chantaje en manos de un grupo terrorista transnacional», ha declarado.
Así, ha pedido «más que una simple condena» de la ofensiva lanzada por los hutíes que deja ya más de medio millar de muertos y 100.0000 desplazados, de acuerdo a las cifras brindadas este mismo martes por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y en su lugar «construir un sistema de disuasión que impida que las milicias conviertan el territorio yemení en una plataforma abierta de amenazas que ponga en peligro a la región y al mundo».
El diplomático ha precisado al hilo que este enfoque pasa por «mediante la aplicación efectiva del embargo de armas, poniendo fin a las redes de financiación y contrabando, impidiendo el flujo de personal militar, tecnología y conocimientos especializados, y fortaleciendo las capacidades del Estado yemení y sus socios para proteger las costas, los puertos, las aguas territoriales y los corredores marítimos».
Los hutíes lanzaron una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, respaldadas por Arabia Saudí.
Estos avances incrementan las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb —algo que ya han prometido que no harán—, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.
