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La organización ecologista WWF ha presentado este jueves una nueva investigación tras un año y medio de trabajos en la que señala a las masas de agua de Almonte-Marismas (Doñana) y a la comarca agraria de Baza (Granada) como dos de los «puntos negros» más «graves y preocupantes» del uso «irregular» de aguas subterráneas en Andalucía y en el conjunto del país.
El informe amplía a seis zonas de la Península Ibérica el estudio que el colectivo inició en 2021, analizando datos oficiales actualizados a 2024. A nivel estatal, la organización conservacionista identifica «más de 80.000 hectáreas» de cultivo regadas con agua extraída bajo «claros indicios de ilegalidad». En el ámbito andaluz, el análisis localiza más de 3.300 hectáreas en el entorno de Doñana, más de 4.000 en Baza y supera las 3.400 hectáreas irregulares en Almería.
Según la responsable del programa de agua de WWF, Teresa Gil, estas cifras no representan episodios «únicos y aislados», sino «una muestra de uno de los delitos ambientales más extendidos e impunes en España», ha indicado la organización en una nota.
Gil ha hecho un llamamiento a las administraciones de cara al nuevo proceso de redacción de la Planificación Hidrológica, exigiendo la clausura «efectiva» de las captaciones sin licencia ante la «disminución paulatina» de los recursos hídricos por el cambio climático.
En la zona de Doñana (acuífero Almonte-Marismas), el estudio estima que unas 3.300 hectáreas están en posible situación de «ilegalidad», lo que supone «alrededor del 20 por ciento de la superficie total» que se riega con aguas subterráneas en este espacio. La organización calcula que desde esta masa subterránea «se extraen irregularmente 13,34 hectómetros cúbicos anuales».
Aunque WWF valora los avances en la vigilancia ejercida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) —que han permitido reducir los cultivos ilegales de fresas y frutos rojos en la masa subterránea de La Rocina—, advierte de que el problema «persiste» y se está desplazando hacia «el incremento de olivos superintensivos sin concesión».
Esto, según WWF, afecta a las tres masas de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado químico y cuantitativo, según los requerimientos de la Directiva Marco del Agua, tal y como reconoce el vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.
Por ello, el especialista de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha urgido a la Junta de Andalucía y a la CHG a aplicar íntegramente las medidas del Plan de la Fresa para «cerrar todas las hectáreas ilegales y los pozos sin concesión».
Por otro lado, la investigación sitúa a la comarca agraria de Baza (Granada) como un «agujero negro especialmente alarmante» por su «elevado» porcentaje de afección. En este sentido, WWF advierte de que «casi el 62 por ciento de su superficie de riego —unas 4.100 hectáreas— presenta indicios de extracción ilícita», con un volumen estimado de 8,34 hectómetros cúbicos de agua.
Desde la ONG señalan que la «falta de medios humanos» y la «incertidumbre» en los cálculos de recarga de los acuíferos impiden dimensionar el volumen total extraído.
Al respecto, WWF apunta que «desde hace unos años, sus fuentes de agua se están secando debido a la sobreexplotación», por lo que colectivos locales como la Plataforma en Defensa del Río Castril han denunciado el «secado» de manantiales históricos, lo que llevó a la CHG a declarar en julio de 2025 que la masa de agua subterránea 'Baza-Freila-Zújar' estaba en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo.
WWF subraya además que, si bien la mayor superficie de cultivo la ocupan los frutos secos (almendros y pistachos) y el olivo, los cultivos hortícolas bajo invernadero o malla consumen «más del 35 por ciento de las extracciones totales». Asimismo, alertan de que en masas como la Sierra de las Estancias el índice de explotación «real» podría alcanzar «el 208 por ciento». Teresa Gil ha insistido en que la solución para Baza «no pasa por traer más recursos externos, sino por cerrar pozos ilegales».
Finalmente, el informe, elaborado en Almería junto a la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), detecta más de 3.400 hectáreas regadas irregularmente en la provincia, debido a un incremento de los cultivos leñosos de cítricos, herbáceos y producciones bajo plástico.
