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Vox ha criticado este viernes las «graves deficiencias de medios y recursos» que, según un informe con testimonios de miembros de la Guardia Civil y funcionarios de la AEAT del Servicio de Vigilancia Aduanera, «estarían afectando a la capacidad operativa de quienes combaten el narcotráfico y el crimen organizado en la Costa del Sol».
En rueda de prensa, la diputada nacional por Málaga de la formación, Patricia Rueda, ha advertido de la gravedad de una situación que, según la información recibida por Vox, «afecta directamente tanto a la protección de los efectivos como a su capacidad para desarrollar labores de prevención, vigilancia y lucha contra las organizaciones criminales cuya actividad en la Costa del Sol sigue en aumento».
«No podemos permitir que las mafias dispongan de armas de guerra mientras nuestros agentes que las combaten carecen de material», ha afirmado Rueda, quien ha recordado que la Fiscalía General del Estado alertó «del aumento de la criminalidad vinculada al narcotráfico y de la mayor facilidad de estas organizaciones para acceder a armas de guerra».
En el caso del Servicio de Vigilancia Aduanera, según Vox, «el informe señala que los funcionarios que desempeñan servicios operativos carecen de chalecos antibalas asignados de forma personal y reglamentaria, pese a enfrentarse a narcotraficantes y organizaciones criminales potencialmente armadas».
El documento también apunta a «la falta de armas cortas reglamentarias adscritas individualmente a los funcionarios». Según los testimonios trasladados a Vox, «los efectivos tendrían que recurrir al armamento disponible en las embarcaciones y pasárselo de unos a otros; una práctica que puede plantear problemas de seguridad, custodia, trazabilidad y responsabilidad sobre las armas».
Asimismo, han señalado que la información recibida apunta, incluso, a que «se habría planteado la posibilidad de que los propios funcionarios sufraguen la adquisición de su arma corta y su chaleco antibalas», algo que Rueda ha tildado de «inadmisible».
«Proporcionar los elementos necesarios para garantizar la seguridad de los funcionarios que se enfrentan al crimen organizado es una obligación del Estado», ha incidido la diputada malagueña de Vox.
Respecto a la Guardia Civil, el informe advierte, según la formación, de «restricciones presupuestarias y de combustible que, de acuerdo con los testimonios recogidos, habrían reducido las salidas al mínimo indispensable, priorizando las actuaciones de emergencia y limitando gravemente las labores ordinarias de patrullaje preventivo y disuasorio a lo largo de la Costa del Sol».
«Nuestros agentes necesitan recursos para anticiparse al delito y para combatir la delincuencia. El Gobierno está exigiendo a nuestros agentes que se enfrenten a organizaciones cada vez más violentas, cada vez mejor armadas, y no les proporciona los medios necesarios para combatirlas», ha señalado Rueda.
A estas limitaciones se suma, según el documento, la existencia de uniformidad y dotaciones técnicas desfasadas que no responderían adecuadamente a las actuales exigencias operativas, han añadido desde Vox.
El informe alerta del impacto que esta situación estaría teniendo sobre los propios efectivos. «Las dificultades para desarrollar labores preventivas con normalidad, unidas a la presión derivada de intervenir principalmente ante situaciones críticas, estarían provocando elevados niveles de estrés y desgaste psicológico entre las plantillas», han señalado desde la formación política.
Ante todas estas «deficiencias» descritas por los propios guardias civiles y funcionarios, Rueda ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez «una respuesta permanente, coordinada y dotada de los recursos necesarios» para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Vigilancia Aduanera puedan hacer frente a las mafias en condiciones adecuadas.
«Desde Vox exigimos explicaciones. Queremos saber qué medios tiene realmente la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en Málaga y qué medidas va a adoptar el Gobierno para corregir estas deficiencias», ha concluido la diputada.
