Vox avisa del «aumento» de viviendas en venta ocupadas de forma ilegal en Sevilla y reclama «medidas contundentes»

Redacción

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El Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha mostrado su preocupación por la «creciente incidencia» de la ocupación ilegal en la capital hispalense y ha reclamado una «respuesta inmediata» de las administraciones para proteger a los propietarios, garantizar la seguridad jurídica y defender el derecho a la propiedad privada.

La formación considera «especialmente alarmante» los datos conocidos sobre el mercado inmobiliario de la ciudad. Para ello, en un comunicado, esgrime un estudio del portal inmobiliario Idealista correspondiente al cuarto trimestre de 2024, «en el que Sevilla registraba 272 viviendas ocupadas anunciadas para su venta, una cifra que representa el 4,7% de toda la oferta inmobiliaria disponible en la capital».

En este sentido, el portavoz adjunto de dicho Grupo, Gonzalo García de Polavieja, que se ha reunido con vecinos de la Plaza de San Lorenzo «afectados por problemas de convivencia a raíz de un piso ocupado en la zona», ha manifestado que los datos sitúan a Sevilla como la tercera capital española con mayor porcentaje de viviendas ocupadas puestas a la venta, «únicamente por detrás de Gerona y Murcia», y por delante de ciudades como Málaga, Barcelona o Madrid, «y con un notable impacto en los barrios donde se producen».

Para García de Polavieja, esta situación «refleja el impacto que la ocupación ilegal está teniendo sobre el mercado de la vivienda, generando inseguridad jurídica, depreciación patrimonial y dificultades adicionales para miles de familias sevillanas».

Vox recuerda, además, que la provincia registró más de 500 denuncias relacionadas con ocupaciones de viviendas en los últimos ejercicios y que las propias administraciones públicas han tenido que intervenir para recuperar viviendas ocupadas ilegalmente en distintos barrios de la ciudad.

Al respecto, Gonzalo García de Polavieja ha abundado en que «la única receta contra la ocupación pasa por los desalojos inmediatos cuando quede acreditada la ocupación ilegal, así como una reforma legislativa que garantice la recuperación rápida de las viviendas por parte de sus propietarios, en el que habría que incluir el creciente fenómeno de la 'inquiocupación'».

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