La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Avvapro) ha cifrado en cerca de seis millones de euros el coste directo asumido para adaptarse al registro único estatal de alquiler turístico posteriormente anulado por el Tribunal Supremo y han alertado que casi 22.000 alojamientos legales quedaron bloqueados o rechazados durante el procedimiento pese a estar inscritos en el registro autonómico y cumplir con la normativa vigente.
Según los datos trasladados a Europa Press por parte de la entidad, un total de 71.852 viviendas de uso turístico andaluzas accedieron al sistema estatal, lo que supuso desembolsos asociados a tasas, obtención de notas simples registrales y costes de gestoría para completar los trámites exigidos.
La asociación sostiene que esta cifra supone que aproximadamente el 65% del parque de viviendas turísticas andaluzas, cerca de dos terceras partes del total, invirtió recursos económicos y administrativos en adaptarse a un procedimiento que finalmente ha quedado sin efecto tras la resolución judicial.
Asimismo, Avvapro ha asegurado que 21.856 viviendas legales, inscritas en el registro autonómico andaluz y ajustadas a la normativa vigente, no lograron completar con éxito el proceso estatal y quedaron fuera del sistema, lo que, a juicio del sector, afectó directamente a su acceso al mercado.
En términos proporcionales, la organización destaca que uno de cada cuatro alojamientos legales que intentó obtener el registro estatal se vio perjudicado al no conseguirlo, una situación que vincula a un escenario de «inseguridad jurídica» para propietarios y operadores turísticos.
La patronal considera además que el perjuicio económico derivado de este proceso va más allá del coste administrativo directo y apunta a un impacto adicional por pérdida de oportunidades de negocio y posibles efectos sobre el empleo directo e indirecto vinculado a la actividad turística, si bien no ha aportado una cuantificación concreta de ese impacto indirecto.
