El juicio sobre el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol ha quedado este jueves visto para sentencia después de más de seis meses de vista oral, en la que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley ha quedado exonerado por falta de capacidad cognitiva y la Fiscalía ha mantenido las penas de entre ocho y 29 años de cárcel para sus siete hijos.
Este jueves han concluido los informes finales de las defensas y casi todos los acusados han renunciado al uso de la última palabra, tras medio de año de proceso en el que han comparecido más de un centenar de testigos.
El tribunal de la Audiencia Nacional ha juzgado a los acusados, entre los que se encuentran los siete hijos del expresidente Jordi Pujol i Soley, por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
Para ellos, la Fiscalía Anticorrupción pide penas que van desde los ocho hasta los 29 años de prisión en el caso de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito de la familia. En este proceso estaba acusado el propio Jordi Pujol i Soley, para quien Anticorrupción pedía nueve años de cárcel y una multa de 204.000 euros, si bien el tribunal decidió exonerarle por falta de capacidad de cognitiva.
Anticorrupción acusa a los siete hijos del expresidente de la Generalitat, una expareja de Pujol Ferrusola y una decena de presuntos colaboradores de haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.
En los informes finales, el fiscal Fernando Bermejo acusó a las defensas del expresidente de la Generalitat y sus siete hijos de querer convertir el juicio «un ataque a Cataluña», al tiempo que contrapuso el fraude fiscal supuestamente cometido durante décadas, que ve acreditado, con el discurso de «España ens roba» del independentismo catalán.
El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, pidió al tribunal la libre absolución de su defendido al no ver «nada» probado, defendiendo que el origen de la fortuna familiar vino de la «deixa» o herencia del abuelo, Florenci Pujol.
Durante su declaración como acusado, el propio Pujol Ferrusola negó haber recibido dinero de constructoras a cambio de favores políticos y, como hizo su abogado posteriormente, atribuyó el origen de su patrimonio en Andorra a la venta de láminas financieras procedentes de la herencia de su abuelo.
