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Las autoridades de Venezuela han pedido este viernes que la misión de la ONU sobre violaciones de los Derechos Humanos en el país latinoamericano, creada en 2019, no extienda su mandato, defendiendo supuestas «mejoras» en esta materia en los últimos meses y después de que la misión haya difundido esta semana un informe denunciando que las estructuras estatales responsables de represión y abusos siguen «intactas» pese a los cambios implementados por Caracas.
«Consideramos que ha llegado el momento de avanzar hacia la conclusión de este mecanismo y evitar su perpetuación indefinida, por ellos hacemos un llamado a los miembros de este órgano a que no acompañen una nueva renovación del mandato de la denominada Misión de Determinación de los Hechos», ha señalado el ministro consejero de la Misión de Venezuela ante la ONU, Enzo Bitteto, en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
El representante venezolano ha hecho esta petición al considerar que «ese mecanismo, establecido y prorrogado sin el consentimiento ni la cooperación del Estado venezolano, ha suscitado serias preocupaciones en cuanto a subjetividad, imparcialidad y no selectividad».
Así, se ha referido al documento publicado este miércoles por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela así como a investigaciones difundidas con anterioridad, asegurando que «se sustentan en fuentes secundarias y terciarias y en metodologías que a juicio de nuestro país plantean interrogantes».
Bitetto ha jsutificado además su petición aduciendo «mejoras» en materia de Derechos Humanos, entre las que figuran la ley de amnistía o la excarcelación de presos políticos bajo el Ejecutivo de Delcy Rodríguez, quien fuera 'número dos' del presidente Nicolás Maduro.
Sus declaraciones llegan días después de que esta Misión de la ONU haya denunciado que las instituciones estatales responsables de la represión y violaciones de Derechos Humanos en el país latinoamericano siguen «intactas», llegando a investigar 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero, cuando Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses.
Así, ha señalado que tiene identificados a una veintena de funcionarios por su participación en «graves violaciones» de Derechos Humanos, que «continúan ocupando, o han sido reasignados a puestos clave» después del supuesto traspaso de poderes a la presidenta encargada.
