El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que hacer frente a las críticas de varios líderes de la Unión Europea por la regularización extraordinaria de migrantes en España y su posible impacto en el resto de socios, durante una discusión a puerta cerrada el jueves en el Consejo Europeo en Bruselas, después de que éste expresara su rechazo a la reforma acordada por el bloque para endurecer la política de asilo y consolidar la externalización de los centros de deportación en terceros países.
Entre tres y cuatro jefes de Estado y de Gobierno europeos tomaron la palabra, según han indicado a Europa Press fuentes europeas, para responder a Sánchez con reproches por haber puesto en marcha una regularización de ese calado sin haber consultado previamente con el resto de Estados miembros. Entre los críticos, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o el belga Bart de Wever, pero también la primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, de acuerdo a las distintas fuentes consultadas.
El rifirrafe se produjo en la primera sesión del primer día de cumbre en la que los líderes recibieron a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, cuya institución había dado la víspera luz verde a la controvertida reforma. Tras la felicitación a Metsola por el éxito de la votación, Sánchez tomó la palabra para mostrar su oposición a los centros de deportación, una medida que va en contra de la política migratoria de España.
Según fuentes de Moncloa, Sánchez trasladó a los líderes que España está en contra de estos centros para expulsar a migrantes, aunque evitan calificarlo como un choque sino como un breve intercambio sobre migraciones en el que el jefe del Ejecutivo defendió la postura española y otros líderes hicieron lo mismo con sus posiciones.
Ante la respuesta de varios socios, criticando la regularización extraordinaria, Sánchez sacó pecho del éxito del modelo español, que promueve una Europa abierta con una migración que contribuye al crecimiento económico nacional.
En ese sentido, las citadas fuentes subrayan que España aplica el Pacto de Migración y Asilo de la UE en su integridad así como el Reglamento de Dublín sobre las peticiones de asilo de ciudadanos de fuera de la Unión Europea.
La política sobre regularización es una cuestión de competencia nacional, pero en línea con lo expresado en los últimos meses por el comisario de Interior, Magnus Brunner, la medida extraordinaria tomada por el Gobierno preocupa a varios socios en la medida en que pueda tener un impacto por movimientos secundarios de las personas regularizadas hacia otros países de la Unión.
De hecho, ya en febrero Brunner avisó de que «cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea» y que debe hacerse cargo de que, en caso de que el migrante se desplace a otro Estado miembro, sea retornado al país que le otorgó el permiso.
En este contexto, las fuentes consultadas apuntan que uno de los mandatarios que expresó sus reservas lo hizo advirtiendo a Sánchez de que regularizar en España a al menos 500.000 personas supone también «tener 500.000 migrantes más en Europa», por lo que hubiera querido que España informara al resto de miembros antes de dar el paso.
El presidente del Gobierno, no obstante, defendió entre sus argumentos que una gran parte de las personas que se han acogido a la regularización extraordinaria son de origen latinoamericano, con arraigo por el idioma, entre otras razones, por lo que no es esperable que buscan trasladarse a otros países de la Unión.
