La denuncia por una estafa de más de 15.000 euros de un vecino de la localidad gaditana de Los Barrios ha servido para desarrollar una investigación que ha culminado con la detención de siete personas como presuntos autores de varios delitos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida y pertenencia a grupo criminal, a quienes se les imputan estafas en comercios de distintas localidades de Sevilla, Cádiz, Málaga y Ceuta.
Agentes del Equipo de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil en Los Barrios iniciaron en marzo la investigación, tras la denuncia de la víctima, al que llegaron a estafar un importe que ascendía a más de 15.000 euros.
En una nota, la Guardia Civil ha detallado que los presuntos autores alquilaban furgonetas de carga donde trasportaban mercancía de distinta naturaleza, desde bebidas alcohólicas hasta mobiliario y decoración que previamente habían adquirido de modo fraudulento.
Realizaban las compras con apariencia de legalidad, pero usaban como medio de pago transferencias bancarias simuladas, falsificando los comprobantes de las operaciones y otros documentos justificativos, con lo que se ganaban la confianza de los empleados de los comercios, que nunca llegaban a recibir el pago efectivo.
A través de este modus operandi han llegado a estafar, al menos, en diez establecimientos comerciales, causando un perjuicio económico que asciende a más de 82.000 euros.
Los investigadores han detectado otras operaciones llevadas a cabo por los ahora detenidos, pero que no llegaron a consumarse y que, de haberlo hecho, hubiera supuesto un perjuicio económico para sus víctimas superior a 100.000 euros.
La mayoría de los comercios estafados estaban situados en polígonos industriales, y para cometer los delitos descritos preferían establecimientos dedicados al hogar, muebles o electrodomésticos.
Tras la investigación, los guardias civiles actuantes lograron identificar y detener a los siete integrantes de este grupo criminal, a los que se les imputan delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. Todos ellos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
