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El Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania ha impuesto este jueves libertad condicional bajo una fianza de 6 millones de grivnas (unos 116.000 euros) a la que fuera embajadora en Estados Unidos hasta esta misma semana, Olga Stefanishina, ante las sospechas de enriquecimiento ilícito y declaraciones falsas de bienes.
La acusación sostiene que en el último año y medio, los gastos de Stefanishina, cuya salida de la Embajada de Washington ratificó este mismo lunes el presidente Volodimir Zelenski, superan sus ingresos y ahorros. En ese lapso de tiempo, los bienes adquiridos por la ex viceprimera ministra alcanzaron los 269.000 euros.
La investigación apunta que la ex viceprimera ministra de Zelenski no declaró dos apartamentos en Kiev, los gastos de remodelación de ambos inmuebles, el alquiler de su vivienda, la compra de Mercedes-Benz, así como el pago de billetes de avión y el tratamiento médico de su madre.
Stefanishina dispone ahora de cinco días hábiles para hacer frente al pago, en caso de que no pueda hacerlo, la Fiscalía podrá solicitar al juez su entrada en prisión, informan los medios ucranianos.
La propia Stefanishina ya declaró en la vista de este miércoles que «con el dinero ficticio» que le atribuye la Fiscalía no puede abonar la fianza de 13,3 millones de grivnas (257.000 euros) que la acusación propuso al tribunal en un principio, por lo que solicitó una reducción de la misma.
«No puedo pagar la fianza con mis propios fondos e incluso si encontrara la oportunidad, no podría mantener a mi familia», dijo la antigua embajadora de Estados Unidos, quien no pudo contener las lágrimas durante la vista, durante la cual ha querido dejar claro que siempre ha estado dispuesta a colaborar.
Entre las medidas cautelares está también la obligación de presentarse ante las diferentes autoridades que participan en el proceso judicial cuando le sea requerido, notificar cualquier cambio de residencia y no comunicarse con el resto de acusados, testigos, u otras partes del caso.
No es el único caso judicial que Stefanishina tiene pendiente, algo que no le ha impedido escalar políticamente hasta llegar a ser viceprimera ministra del Gobierno entre junio de 2020 y julio de 2025. Antes de poner rumbo a Estados Unidos hace ahora un año, la Fiscalía le abrió una investigación por posible abuso de poder.
La causa está relacionado con el supuesto trato de favor que personas cercanas a ella, entre ellos su exmarido, recibieron de la Agencia Nacional de Gestión de Activos (ARMA) para adjudicarse la gestión de propiedades e inmuebles confiscados en casos de delitos económicos, en base a investigaciones de la prensa.
Años atrás fue acusada formalmente en un caso que se remonta a 2013 sobre una supuesta malversación de fondos por valor de 2,5 millones de grivna (unos 225.000 euros de entonces), cuando formaba parte del Ministerio de Justicia, siendo señalada como responsable de adjudicar licitaciones de manera irregular.
