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El tribunal de la ONU que examina los crímenes internacionales cometidos en los Balcanes ha rechazado este viernes poner en libertad a Jovica Stanisic, socio del expresidente serbio Slobodan Milosevic, condenado por su responsabilidad en el exterminio perpetrado durante la guerra en los Balcanes.
El Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (IRMCT, según sus siglas en inglés) —heredero de la corte que revisó los abusos en la antigua Yugoslavia hasta el año 2017— ha rechazado la solicitud presentada por su equipo legal, que pedía que fuera liberado de forma anticipada.
Así, la jueza Graciela Gatti Santana ha señalado que aunque ya ha cumplido dos tercios de su condena, de un total de 15 años, el cumplimiento de este periodo de tiempo «no le otorga el derecho a ser puesto en libertad».
«Si bien reúne los requisitos para ser considerado para la libertad anticipada, existen factores que la desaconsejan, entre ellos la gravedad de sus crímenes y su falta de muestras suficientes de rehabilitación», ha manifestado, según la resolución emitida por la corte.
«Además, no hay pruebas ante mí que demuestren la existencia de razones humanitarias imperiosas que justifiquen revocar esta valoración negativa», ha apuntado la jueza, que ha afirmado que los informes de prisión «tampoco establecen una gravedad consistente sobre su estado de salud» que avale una puesta en libertad.
En este sentido, ha dicho haber tenido en cuenta estas informaciones antes de tomar una decisión al respecto y ha alertado de que una puesta en libertad «habría tenido repercusiones sobre las víctimas y los testigos de diferentes formas».
Los siete jueces consultados por la presidenta coincidieron en que la solicitud debía ser rechazada. Este mismo tribunal elevó en 2023 la pena impuesta contra Stanisic, antiguo responsable de la policía secreta, condenado dos años antes a doce años de prisión por crímenes contra la humanidad.
En concreto, se le consideró culpables de asesinatos, deportaciones, traslados forzosos y persecución por su papel en la preparación y el despliegue de las fuerzas que tomaron la localidad de Bosanki Samac, en Bosnia y Herzegovina. En 2023, los jueces estimaron que formaron parte de una empresa criminal para eliminar a las comunidades que no fuesen serbias.
