Un tribunal federal de Estados Unidos ha paralizado de manera temporal el fondo de casi 1.800 millones de dólares (más de 1.500 millones de euros) anunciado por la Administración Trump para compensar a presuntas víctimas de lawfare durante la administración anterior, incluyendo el abono de cualquier indemnización.
La jueza de distrito Leonie Brinkema ha emitido este jueves una orden que impide al Departamento de Justicia «realizar cualquier otra acción relacionada con la creación o el funcionamiento» de este fondo «para garantizar que no se desembolsen fondos de forma irreversible».
Esta prohibición incluye la «transferencia» de capital al fondo, «la tramitación de cualquier solicitud presentada» para recibir compensaciones del programa y «el desembolso de cualquier» monto procedente del mismo.
La magistrada, que se desempeña en el distrito este de Virginia, ha tomado esta decisión de manera temporal mientras estudia si concede una «medida cautelar» a largo plazo solicitada por un grupo de demandantes que han impugnado el fondo.
Se trata del exfiscal federal Andrew Floyd, que investigó y procesó a personas implicadas en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 antes de ser despedido por la exfiscal general Pam Bondi. Floyd era subjefe de una unidad especializada creada dentro de la oficina de la Fiscalía para dirigir estos procesamientos.
Además de este, Jonathan Caravello, un profesor de California que fue arrestado mientras protestaba contra una redada de inmigración, y ONG presentaron la denuncia la semana pasada alegando que el fondo anunciado por la Administración Trump es ilegal, de acuerdo a las informaciones de la cadena CBS News.
Por otra parte, el pasado miércoles dos expolicías que defendieron el Capitolio durante el asalto —el expolicía del Capitolio Harry Dunn y el exagente del Departamento de la Policía Metropolitana de Washington Daniel Hodges— también demandaron a la Administración Trump por la medida, alegando que podría utilizarse para pagar a personas que participaron en la insurrección.
Esto se produce después de que el Departamento de Justicia informara de que, «como parte del acuerdo extrajudicial en el caso» de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Fiscalía había establecido el citado fondo a fin de «atender las reclamaciones de quienes han sufrido abusos e ilegalidades».
Los demandantes —incluyendo el hijo del presidente, Eric Trump, y la Organización Trump- interpusieron una demanda contra el Departamento del Tesoro y el IRS tras la filtración de sus declaraciones de impuestos de 2019 y 2020, si bien el acuerdo estipuló que no recibirían «compensación monetaria ni indemnización de ningún tipo».
