El tribunal administrativo de París ha condenado este viernes al Estado francés por no implementar medidas para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de uno de los fusileros senegaleses abatidos durante la masacre de Thiaroye en 1944.
El 1 de diciembre de 1944, los gendarmes franceses abrieron fuego en Thiaroye, cerca de Dakar, contra una multitud de fusileros procedentes de varios países de África Occidental, muchos de ellos senegaleses, que habían luchado por Francia contra la Alemania nazi y exigían el pago de sus salarios atrasados.
La denuncia fue interpuesta ante el tribunal por el hijo de uno de los fusileros senegaleses que, tras servir en las filas francesas, fue hecho prisionero de guerra y permaneció cautivo en un campo establecido por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial en Rennes hasta su liberación.
Posteriormente, embarcó en Morlaix junto con varios cientos de fusileros senegaleses y, junto con ellos, fue retenido en el campo de Thiaroye antes de morir el 1 de diciembre de 1944 por disparos de los gendarmes franceses, un evento calificado como "masacre" por el propio presidente Emmanuel Macron.
El demandante pedía una indemnización al Estado por el asesinato de su padre y también por "las maniobras que, según él, tenían como objetivo ocultar las circunstancias de esta muerte o, al menos, su omisión de esclarecer dichas circunstancias".
"El tribunal ha determinado que, en los años posteriores al fallecimiento del padre del demandante, las autoridades francesas proporcionaron a su familia información errónea, afirmando que había desertado, que había recibido su salario completo y que los disparos de los soldados franceses fueron una respuesta proporcionada a la situación", ha señalado en un comunicado.
En este sentido, el tribunal detalla que la información relativa a su muerte fue modificada en el expediente militar del fallecido en 2019 para que apareciese como "muerto por Francia" en vez de "desertor", si bien la corte ha reiterado que "no utilizaron todos los medios disponibles para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte y su lugar de sepultura".
"El tribunal, que por lo tanto solo podía indemnizar por daños morales vinculado a esta falta de investigación sobre las circunstancias precisas de la muerte, y no la muerte en sí misma, otorgó al demandante una suma de 10.000 euros sobre esta base", ha zanjado el tribunal.
