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Un juez federal de Estados Unidos ha instado a la Administración de Donald Trump a entregar un memorando del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que autoriza legalmente los controvertidos bombardeos del Pentágono contra embarcaciones en el mar Caribe y las aguas orientales del océano Pacífico, actuaciones emprendidas en septiembre de 2025, denunciadas como ejecuciones extrajudiciales por representantes de la ONU, ONG y diferentes gobiernos y que hasta ahora se han cobrado la vida de más de 230 personas.
El juez del Distrito Sur de Nueva York Paul Engelmayer ha rechazado dos de los tres argumentos de la Administración para mantener en secreto el documento, ordenando al Ejecutivo que lo ponga a disposición del tribunal para su revisión confidencial en un plazo de dos semanas, según el fallo judicial, cotejado por Europa Press.
El magistrado ha desestimado, en concreto, los argumentos del Gobierno basados en el privilegio del proceso deliberativo y el privilegio abogado-cliente, pero ha evitado pronunciarse sobre si el privilegio de comunicaciones presidenciales —que, a diferencia de los anteriores, emana de la Constitución— justificaría la decisión de mantener el memorando en secreto.
La decisión responde a la demanda presentada en 2025 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), su filial en Nueva York y el Centro de Derechos Constitucionales, organizaciones que demandaban la divulgación del citado documento, un memorando de la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia con más de 40 páginas que aborda los criterios legales que justifican estas operaciones, según ha informado el diario 'The New York Times'.
Así las cosas y a la luz del fallo de Engelmayer, la Administración Trump deberá «poner el memorando de la OLC a disposición del Tribunal para su revisión a puerta cerrada».
La letal campaña de bombardeos en el Caribe y el Pacífico oriental, que la Administración Trump defiende como actuación legítima contra el narcotráfico, ha sido rechazada como una larga secuencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de autoridades entre las que se encuentran el relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, Ben Saul, organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y gobiernos como los de Cuba y Venezuela bajo Nicolás Maduro.
