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El TSJA ha declarado firme la sentencia que anula la licencia de obras del edificio de 15 viviendas construido en el barrio granadino de Bola de Oro y de los dos estudios de detalle que la amparaban por incumplimiento de la normativa urbanística.
El edificio, ya terminado y con los pisos vendidos, fue ejecutado en la plaza Puntal de Vacares a escasa distancia de las viviendas de los actuales vecinos, que quedaron 'encajonados' y llevaron el asunto a los tribunales.
El alto tribunal andaluz les dio la razón el pasado julio y aunque la sentencia era recurrible ante el Tribunal Supremo, ni el Ayuntamiento de Granada ni la promotora lo han hecho en el plazo establecido.
En un decreto dictado a principios de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha declarado la firmeza de la resolución y ordena que se dé traslado de esta circunstancia al Ayuntamiento de Granada y a la promotora para que procedan a su cumplimiento.
Junto a ello, el TSJA acuerda que la sentencia se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y advierte de que transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la misma cualquiera de las personas afectadas podrá instar su «ejecución forzosa».
El alto tribunal andaluz ha emitido este decreto en respuesta al escrito remitido por la Asociación Plaza Puntal de Vacares, representada por el letrado José Manuel Aguayo Pozo, que exige el cumplimiento íntegro de la resolución.
El TSJA anuló en julio la licencia de obras y los dos estudios de detalle del edificio por incumplimiento de la normativa en la anchura de un vial de acceso que tiene tan solo tres metros, algo que no permite la ley actual.
La anulación también se produce al no haberse acreditado la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para acometer el proyecto, la cual es preceptiva dado que la obra está junto al río Genil.
El letrado relata en declaraciones a Europa Press que cuando transcurra el plazo legal pedirán la ejecución forzosa ante la propia Sala, exigiendo al Ayuntamiento que explique qué actuaciones concretas piensa adoptar para dar cumplimiento al fallo judicial.
Los vecinos estarán especialmente vigilantes a cualquier posible modificación del planeamiento urbanístico que pudiera promoverse para mantener la situación actual y advierten de que no tolerarán «fraudes de ley ni maniobras administrativas dirigidas a eludir o vaciar de contenido una sentencia judicial firme».
«Si se intentara utilizar un nuevo instrumento urbanístico con esa finalidad, promoveremos las actuaciones judiciales necesarias para impedirlo», advierte su letrado.
Si finalmente se acreditara una verdadera imposibilidad material o legal de ejecutar la sentencia en sus propios términos corresponderá al tribunal determinarlo. En ese supuesto, se estudiarían las consecuencias jurídicas y las eventuales responsabilidades e indemnizaciones por los perjuicios ocasionados a los propietarios afectados.
Ni el Ayuntamiento ni la promotora se han puesto en contacto con los vecinos en este tiempo, según asegura su abogado, pese a que mantienen su disponibilidad para abordar la situación y conocer las posibles soluciones que pudieran plantearse.
Los vecinos no quieren prolongar innecesariamente el conflicto, pero «tampoco aceptar que una sentencia firme termine convirtiéndose en una declaración sin consecuencias prácticas» tras la lucha judicial que han mantenido todos estos años hasta que la justicia les ha dado la razón.
