Artículo completo
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha rechazado las críticas vertidas en su contra y ha señalado que «no están justificadas» tras la respuesta dada a las sanciones de Estados Unidos contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, y un abogado de la Fiscalía, en el marco de la cruzada declarada por Washington contra la corte.
«No creo que las críticas en las que se habla de una debilidad por mi parte estén justificadas», ha señalado Takaichi en declaraciones a la prensa, al afirmar que Tokio sí «presionó a Estados Unidos a distintos niveles hasta el último momento» para que no incluyera a Akane en la lista de sancionados.
En este sentido, ha hecho hincapié en que Japón «siempre ha apoyado al TPI como parte de su compromiso con el Estado de derecho» y ha calificado la acción estadounidense de «incompatible con la postura de Japón» y un asunto que el Gobierno «toma muy en serio», según informaciones recogidas por el diario 'The Japan Times'.
«Seguiremos de cerca la situación y adoptaremos las medidas necesarias en el momento oportuno», ha afirmado la primera ministra, que se ha negado a dar detalles sobre los posibles pasos a seguir ante el temor de que esto «haga que las cosas sean más difíciles» para la presidenta del TPI.
La propia Akane ha instado también a Tokio a pronunciarse con mayor firmeza. «Los intentos externos de paralizar el funcionamiento del TPI constituyen una violación de la independencia del poder judicial, y creo que Japón debería dejarlo claro», ha sostenido.
Así, ha recalcado que la corte supone el «último bastión para la protección del Estado de derecho», y ha aventurado que «sobrevivirá a las sanciones estadounidenses», si bien ha lamentado la «crisis existencial» que atraviesa el tribunal.
En este sentido, ha destacado que ha dedicado su carrera a «promover el Estado de derecho y ha asegurado que no hay absolutamente ninguna razón para que sea objeto de sanciones», al tiempo que ha dado las gracias al Gobierno nipón por su apoyo.
Desde que estalló la polémica, varios países europeos han cerrado filas con el TPI, defendiendo su independencia y recalcando que debe seguir con su labor sin «presiones» ni «intimidaciones», entre ellos España.
