El juicio previsto para este martes contra el exalcalde de Fines (Almería) Rodrigo Sánchez y el exconcejal de Urbanismo por un presunto delito de prevaricación urbanística mediante la autorización «verbal» de obras no autorizables de viviendas en el municipio en 2014 se ha suspendido nuevamente, en esta ocasión, ante la falta de una pericial.
Se trata de la segunda ocasión en la que la vista oral prevista en la Plaza 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Almería se ve desplazada ya que, en una primera ocasión, la huelga de Letrado de la Administración Justicia (LAJ) impidió que se celebrara en 2023.
El exprimer edil, que dimitió del cargo y fue separado del PP a raíz del caso 'Mascarillas' que investiga la presunta trata de contratación irregular con empresas por parte de la Diputación de Almería, está acusado en este caso por un delito de prevaricación administrativa.
En concreto, la Fiscalía pide para él así como la el exconcejal de Urbanismo tres años de prisión, una multa de 20 meses a razón de 20 euros por día y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, ya que ambos habría actuado «con pleno conocimiento de la ilegalidad de las obras» investigadas al autorizarlas «verbalmente».
Asimismo, el fiscal apunta que habrían concedido permiso a un promotor para la rehabilitación de una vivienda para después omitir «toda inspección» sobre los trabajos «a sabiendas de que se estaba construyendo fuera de licencia».
En este sentido, acusa a dicho promotor, al autor del proyecto y a director de las obras de un delito contra la ordenación del territorio por el que pide dos años de prisión para cada uno, una multa de 15 meses a razón de 20 euros diarios y tres años de inhabilitación para profesión u oficio relacionado con la construcción.
El procedimiento tiene su origen en la denuncia interpuesta por el Seprona el 25 de junio de 2014 contra la actuación llevada a cabo sobre una vivienda declarada legal fuera de ordenación para su rehabilitación al comprobar que «lo que se estaba ejecutando era una demolición seguida de obra completamente nueva» y «sin ningún parecido con la original».
«Los acusados llevaron a cabo las obras a sabiendas de que se asentaban sobre suelo no urbanizable de carácter natural o rural, de que se estaba burlando el contenido de la licencia y de que no eran autorizables las mismas», expone el fiscal.
También consta la denuncia para otra obra que se realizaba sin licencia en una vivienda ubicada en suelo no urbanizable de especial protección, donde se procedió a un cambio de tejado y renovación de interiores, en la que además «la superficie se amplió de forma poco significativa con una pequeña nueva estancia».
La Guardia Civil también llegó a denunciar una tercera obra consistente en remodelación completa de una edificación ubicada en suelo no urbanizable de especial protección a pesar de que solo se había solicitado licencia para el «adecentamiento de vallado», por lo que los trabajos «excedían ampliamente de su solicitud sin que hubiese resuelto su petición el Ayuntamiento».
