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Movimiento Sumar Córdoba ha participado junto a la Marea Violeta en una de las acciones que forman parte del camino hacia el próximo 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y ha reafirmado su compromiso de acompañar las movilizaciones y reivindicaciones del movimiento feminista, mientras que ha alertado del «riesgo de poner derechos de la mujer en manos de quien cuestiona» la violencia de género, en referencia a Vox.
Para Sumar Córdoba, el 25N no puede convertirse en una fecha aislada ni en una sucesión de declaraciones institucionales, según se recoge en un comunicado.
«Debe ser un punto de partida para mantener durante todo el año la movilización, la escucha a las organizaciones feministas y la transformación de sus reivindicaciones en políticas públicas. Nos hemos comprometido a estar junto al movimiento feminista, escuchar sus propuestas y llevarlas a las instituciones», según ha señalado la responsable de Feminismo de Movimiento Sumar Córdoba, María Ángeles Casado.
Ha añadido que «no podemos permitir que los derechos conquistados se rebajen ni que las políticas destinadas a proteger a las mujeres pierdan recursos, especialización o perspectiva de género».
La organización ha considerado especialmente «preocupante que competencias públicas vinculadas a la respuesta institucional frente a la violencia de género estén siendo asumidas por representantes de Vox, una formación que ha cuestionado públicamente el concepto específico de violencia de género y ha defendido sustituir su marco legal por un modelo de violencia intrafamiliar».
Sumar Córdoba ha considerado «incompatible esa posición política con la necesidad de reforzar una respuesta especializada frente a las violencias machistas».
Se ha referido al hecho de que «la estructura actual de la Junta de Andalucía atribuye a la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad las competencias en igualdad y violencia de género, mientras que la Administración autonómica también organiza, a través del ámbito de Justicia (consejería en manos de Vox), las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género».
Para Sumar Córdoba, la cuestión «no es únicamente quién ocupa una responsabilidad concreta, sino garantizar que ninguna decisión administrativa ponga en riesgo el enfoque específico, los recursos y la protección integral que necesitan las mujeres víctimas y supervivientes».
