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Sumar ha reclamado al Gobierno que actúe para garantizar que los consumidores puedan seguir eligiendo el formato físico de los videojuegos frente a la expansión de los modelos de suscripción y licencias digitales, y ha defendido que los jugadores sean «propietarios» de sus juegos y no «inquilinos precarios» dependientes de las multinacionales del sector.
Así lo plantean los parlamentarios Alberto Ibáñez y Nahuel González en una proposición no de ley registrada hace unos días para su debate en la Comisión de Cultura del Congreso, con la que reclaman asegurar «el derecho a la libre elección de formato» y actuar contra posibles prácticas monopolísticas en la industria del videojuego y el cine doméstico.
La iniciativa coincide con el inicio este domingo de una huelga de usuarios y consumidores de videojuegos, una protesta con la que Ibáñez se ha solidarizado ante una transformación del sector que, según la propuesta parlamentaria, avanza hacia la exclusividad digital.
«Una huelga que quiere frenar una injusticia de las grandes tecnológicas que quieren que los jugadores dejen de ser propietarios para ser inquilinos precarios dependientes de las suscripciones que en cada momento las multinacionales del videojuego quieran», ha señalado en una declaraciones enviadas a los medios.
El diputado de Compromís abscrito a Sumar también ha defendido la necesidad de preservar las tiendas de proximidad como «un espacio de socialización entre iguales» y de proteger los puestos de trabajo vinculados al mercado físico.
En este sentido, solicitan que las administraciones públicas y, «particularmente», el Ministerio de Cultura preserven el videojuego en formato físico «como una parte indiscutible» de la cultura.
La proposición insta además al Ejecutivo a catalogar las obras cinematográficas, audiovisuales y de software de entretenimiento, incluidos los videojuegos, como bienes culturales protegidos, con el objetivo de garantizar derechos como el préstamo, el coleccionismo o la reventa de copias digitales.
Según recoge la exposición de motivos, la desaparición del soporte físico supondría que los consumidores dejaran de ser propietarios de un bien para adquirir una «licencia de uso» revocable, cuyo acceso dependería de que las empresas mantuvieran activos sus servidores o sus acuerdos comerciales.
El texto sostiene también que la desaparición de los discos eliminaría la competencia entre grandes superficies y tiendas especializadas y permitiría que la propia plataforma estableciera de manera exclusiva los precios, promociones y condiciones de acceso.
Según detalla Sumar, las tiendas físicas representan el 35% del consumo total de videojuegos en España, un mercado que cifra en 2.408 millones de euros, y advierte de las consecuencias que una desaparición del formato físico podría tener para el mercado de segunda mano, el préstamo y el intercambio.
Por ello, reclaman al Gobierno que estudie las consecuencias económicas de esta transformación y traslade a la Unión Europea la necesidad de adoptar medidas que eviten situaciones de monopolio y abuso de posición en el mercado europeo.
