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El Ejército de Sudán ha rechazado las acusaciones vertidas por Etiopía contra el país por su presunto apoyo a rebeldes etíopes, tras la ofensiva a gran escala lanzada la semana pasada por el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) y otras fuerzas aliadas en el norte del país africano, que amenaza con sumir a Etiopía en una nueva guerra a gran escala como la vidida en Tigray entre 2020 y 2022.
Las Fuerzas Armadas sudanesas han señalado en un comunicado publicado en redes sociales que «rechazan categóricamente» estas acusaciones, que han tildado de «infundadas», antes de reiterar sus críticas a Adís Abeba por su «continuado apoyo y asistencia» a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), enfrentadas por su parte a las fuerzas gubernamentales sudanesas en la guerra desatada en abril de 2023.
Así, han insistido en que Etiopía habría dado «entrenamiento» y «suministros» a las RSF, llegando a usar incluso «territorio etíope» para «actividades militares», incluido el lanzamiento de drones contra objetivos en Sudán, unas acusaciones que han sido rechazadas en varias ocasiones por el Gobierno de Etiopía, encabezado por Abiy Ahmed.
«Las Fuerzas Armadas reafirman que Sudán está comprometido con el Derecho Internacional y los principios de buena vecindad, y que no interfiere con los asuntos internos de otros Estados», ha manifestado, al tiempo que ha advertido de que Jartum «no permitirá ninguna violación de su soberanía y su seguridad nacional».
Por ello, han reclamado a Etiopía que «se exprese con precisión y responsabilidad» y que «recurra al diálogo y a los canales oficiales de una forma que preserve la seguridad y la estabilidad de ambos países y la región». «Las Fuerzas Armadas sudanesas siguen vigilantes para proteger las fronteras y la soberanía de la nación, siendo capaces de hacer frente a cualquier amenaza a su seguridad y estabilidad», han zanjado.
El comunicado ha sido publicado después de que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas etíopes, el mariscal Birhanu Julan, acusara el viernes a «potencias extranjeras», entre ellos Sudán, Egipto y Eritrea, de impulsar y respaldar una «alianza de grupos armados y opositores» con el fin de «desestabilizar y debilitar» el país, en medio de las hostilidades en Tigray y otras partes del norte de Etiopía.
Birhanu sostuvo de esta forma que los desafíos de seguridad a los que hace frente Etiopía responden a acciones de «adversarios históricos» y «contemporáneos», los cuales «ya no son capaces de enfrentarse a Etiopía mediante una invasión militar directa», tras la citada ofensiva, lanzada días después de que siete grupos armados y opositores formaran la Alianza de las Fuerzas Populares Etíopes para la Supervivencia —encabezada por el TPLF—.
El Ejército etíope indicó el 24 de septiembre que había logrado repeler la ofensiva del TPLF, matando a más de 270 milicianos, si bien los combates han continuado desde entonces. El grupo llegó a tomar el control de los tres aeropuertos de Tigray, entre muestras de preocupación por parte de la comunidad internacional, incluidas críticas por parte del embajador estadounidense en Etiopía, Ervin Massinga, al grupo tigriña por su ofensiva.
El TPLF anunció el 23 de septiembre el inicio de una «guerra defensiva» frente a las tropas federales de Etiopía y recalcó que había tomado esta decisión «tras la intensificación de la invasión a través de varios métodos por parte del autocrático y genocida régimen del Partido de la Prosperidad (PP) de Abiy contra el pueblo de Tigray», después de semanas de tensiones y aumento de los ataques a pesar del acuerdo de paz firmado en 2022 en Sudáfrica.
El citado pacto, alcanzado en Pretoria, implicó que Tigray quedara en manos de un gobierno provisional aceptado por las autoridades federales del país, encabezado precisamente por Getachew. Sin embargo, a principios de mayo el TPLF se hizo con el control de las autoridades regionales, lo que provocó unas tensiones y acusaciones cruzadas sobre incumplimientos de los términos de lo pactado.
