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El Gobierno de Sudán ha expresado su «firme rechazo» a las afirmaciones de Estados Unidos indicando que ni las Fuerzas Armadas ni las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) «representan una gobernaza legítima» en el país africano, antes de pedir a Washington que «no premie a la rebelión por sus crímenes» al poner al mismo nivel al grupo armado y a las autoridades sudanesas.
El Ministerio de Exteriores sudanés ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que la guerra desatada en abril de 2023 fue causada por la ofensiva lanzada por las RSF y ha recordado que «la mayoría de los pueblos y gobiernos reconocieron la injusticia infligida a Sudán, con la excepción de unos pocos Estados y entidades que adoptaron una narrativa diferente e intentaron imponerla sobre el terreno», en referencia a los apoyos del grupo paramilitar.
Así, ha defendido que Jartum «participó de forma constructiva» en las negociaciones mantenidas en Arabia Saudí meses después del estallido del conflicto, al tiempo que ha achacado al grupo liderado por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como 'Hemedti', de sabotear los esfuerzos diplomáticos y bloquear una salida pacífica a la guerra.
Por ello, ha apuntado que, además de rechazar el citado comunicado del Departamento de Estado estadounidense, insta a Estados Unidos a «colaborar de manera constructiva con el Gobierno sudanés, en consonancia con declaraciones anteriores que afirmaban el respeto hacia Sudán y su soberanía nacional».
«El Gobierno de Sudán subraya que cualquier iniciativa de paz que pretenda tener éxito y perdurar debe basarse en el respeto a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Sudán, así como a sus instituciones nacionales legítimas», ha argüido, en referencia al Consejo Soberano de Transición, encabezado por el jefe de la Fuerzas Armadas, Abdelfatá al Burhan.
En este sentido, ha hecho hincapié en que cualquier protesta seria «debe abordar las causas profundas de la prolongación de la guerra, entre las que destaca la injerencia extranjera», antes de argüir que «ningún proceso político o de negociación debe convertirse en un medio para legitimar una realidad creada por la fuerza rebelde, ni recompensar a la rebelión por sus crímenes contra la población civil, el Estado y sus instituciones legítimas, ni equiparar a la rebelión con dichas instituciones».
«El pueblo sudanés aspira a una paz justa y duradera que ponga fin a la existencia de milicias ajenas al marco estatal, garantice que la posesión de armas sea competencia exclusiva de las instituciones legítimas del Estado y allane el camino para un proceso político puramente sudanés», ha dicho la cartera, que ha agregado que «este proceso debe satisfacer las aspiraciones de la población en materia de democracia, paz y justicia, preservando al mismo tiempo la unidad y la soberanía del país».
Por último, ha reiterado su «disposición a colaborar de manera constructiva y responsable con Estados Unidos y otros socios regionales e internacionales, entre ellos Arabia Saudí, Qatar, Egipto, Rusia, China, Turquía, Pakistán, Naciones Unidas» y otros organismos regionales y continentales de cara a lograr la paz.
«Estos socios trabajan con sinceridad e imparcialidad para detener la guerra y lograr la paz y la estabilidad en Sudán, basándose en el respeto a la soberanía del país, a la voluntad de su pueblo y a sus instituciones nacionales, libres de imposiciones o injerencias externas», ha apostillado el Ministerio de Exteriores sudanés.
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Pigott, afirmó el martes que «ni las Fuerzas Armadas de Sudán, ni las RSF, ni sus respectivos líderes representan un gobierno legítimo y constitucional para Sudán; gobiernan únicamente mediante la fuerza de las armas». Así, destacó que «la conducta de los líderes de las facciones en conflicto los inhabilita para gobernar el país».
La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.
