Un grupo de seis ONG, varias de ellas internacionales, han denunciado este viernes que el acuerdo entre Líbano e Israel para el cese de las hostilidades amenaza con «traicionar las víctimas de crímenes de guerra», lamentando que el pacto acepta «el desplazamiento forzado, prolongado e indefinido».
Un comunicado conjunto de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, Centro Libanés para los Derechos Humanos, Legal Agenda Reporters y el Sindicato de Periodistas de Líbano denuncia varias premisas del acuerdo y critican que «parecen estar dirigidas a impedir que las víctimas de graves crímenes internacionales puedan buscar justicia ante instancias internacionales».
«Otras parecen aceptar el desplazamiento forzado, prolongado e indefinido, de decenas de miles de habitantes de amplias zonas del sur del Líbano ocupadas por las fuerzas israelíes» han denunciado.
Pese a que el acuerdo se produce tras meses de hostilidades contra la población civil, las organizaciones alertan de que contiene un elemento que explícitamente compromete a Israel y Líbano a cesar «todas las acciones hostiles o adversas en foros políticos o jurídicos internacionales».
En este sentido, avisan de que este tipo de puntos puede contradecir las obligaciones jurídicas internacionales de ambos países de promover la rendición de cuentas por graves crímenes internacionales cometidos en sus territorios.
Igualmente denuncian que el acuerdo supedite la vuelta de las poblaciones del sur de Líbano a «desarme efectivo de los grupos armados no estatales y al desmantelamiento de su infraestructura» y recalcan que el Derecho Internacional Humanitario establece que el regreso de las personas desplazadas debe facilitarse una vez que hayan cesado las hostilidades o hayan desaparecido las causas que motivaron su desplazamiento.
«Las víctimas de crímenes de guerra y de otras violaciones merecen justicia. Todo acuerdo que no sitúe en el centro sus derechos a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación estará condenado a fracasar bajo el peso de la misma impunidad que contribuye a consolidar», ha denunciado la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, al tiempo que ha cargado contra la «impunidad generalizada» en el orden internacional, incidiendo en que «tiene un coste para todos».
