Artículo completo
La asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense ha valorado que la Fiscalía haya abierto diligencias de investigación tras la denuncia presentada por un presunto delito de prevaricación contra los siete ediles de Carboneras (Almería) que en el mes de junio votaron en Pleno a favor de posponer la votación sobre la nulidad de la licencia del hotel de El Algarrobico.
La entidad ha celebrado esta acción, que ven como «una buena señal de que desde la Fiscalía se ve un posible delito que es preciso investigar». En esta línea, confían que «se siente precedente» y terminen «condenándose unas actuaciones inaceptables por parte de dichos ediles».
En concreto, la organización se presentó su denuncia ante la Fiscalía y los juzgados de Vera contra dos concejales no adscritos y otros cinco ligados al PSOE a los que, posteriormente, el partido abrió expediente: José Luis Amérigo, Ángeles Carrillo, Felipe Cayuela, Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández.
Aunque el Pleno aprobó en una sesión posterior la revisión de oficio de la licencia otorgada en 2003 a Azata del Sol para edificar el hotel conforme al mandato judicial del TSJA, desde Salvemos Mojácar consideró que la acción de los ediles supuso una actuación de «desobediencia inadmisible» y un «acto de prevaricación manifiesta».
Los concejales que se opusieron en un primer momento a apoyar el acuerdo interesaron la confección de nuevos informes que respaldaran la decisión. «No hacen falta más informes que el ya aportado por el Consejo Consultivo, siendo los argumentos aportados sobre supuestos nuevos informes necesarios absolutamente falsos, una mera triquiñuela inaceptable para seguir dilatando la cuestión», han insistido desde la entidad.
Desde la asociación sostienen que por actuaciones similares se acumularon 20 años de retrasos y que quedan «aún años antes de poder llegar a la demolición» del inmueble, que se asienta ya en terrenos declarados no urbanizables y de especial protección al tiempo que invade el dominio público marítimo-terrestre.
La asociación pidió en julio el desbloqueo del pleito que la asociación tienen iniciado desde 2017 en Almería para reclamar la demolición, de modo que aún está a la espera de una decisión judicial. No obstante, consideran que esta es «la única vía efectiva para llegar a la demolición».
