El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que «esta época se estudiará» como «aquella en que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales» para «derribar a un Gobierno», justo después de que se conociera la sentencia contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le inhabilita durante 9 años para un empleo o cargo público por el delito de prevaricación.
A través de un mensaje en la red social 'X', Puente ha insistido en que esto se debe a la «incapacidad» de cambiar de Gobierno «por las urnas», tras la publicación del fallo que también condena al expresidente del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo como autor de dos delitos de prevaricación administrativa.
«Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas», ha afirmado el titular de Transportes.
CONDENA A DAVID SÁNCHEZ y MIGUEL ÁNGEL GALLARDO
La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, recogida por Europa Press, considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.
Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.
En la sentencia, el juez establece que son «múltiples los indicios acreditados mediante prueba directa» que permiten inferir «con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón», que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo «ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz», para la creación de la plaza que posteriormente se adjudicó al hermano de Pedro Sánchez.
Así, en las conclusiones probatorias, la sentencia señala que los 11 acusados actuaron «en ejecución de un plan preconcebido, con unidad de acción», para «pergeñar los actos arbitrarios» con el objetivo de «favorecer» a David Sánchez Pérez-Castejón.
Una «arbitrariedad que se manifestó en la urgente creación de una plaza de empleo público» de coordinador de actividades de los conservatorios, que el juez tacha de «innecesaria y vacía de contenido», para primar el «interés particular de su futuro adjudicatario sobre el interés general».
