El Área de Movilidad ha publicado en el Portal de Participación Ciudadana (https://portalparticipacion.malaga.eu/) la consulta previa a la tramitación del reglamento del servicio público de bicicletas eléctricas de la ciudad al objeto de recabar la opinión y sugerencias de la ciudadanía y de las organizaciones que puedan verse afectadas.
El plazo para participar en esta consulta previa comienza este lunes, 11 de mayo, y permanecerá abierto hasta el próximo 8 de junio, ha indicad el Ayuntamiento en un comunicado.
Así, tal y como recoge la memoria técnica por la cual se justifica la creación de este servicio público de préstamo de bicicletas, la puesta en marcha se hará por fases —hasta alcanzar las 1.000 bicicletas eléctricas y las 100 estaciones— y el Consistorio prestará este servicio público de forma directa.
El documento, que ha sido aprobado por la comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad el pasado 20 de abril, también recoge la inversión prevista para su puesta en marcha y su funcionamiento durante los primeros 10 años (6.640.638,18 euros —con una inversión plurianual entre los años 2026, 2027 y 2028—).
Han señalado que la memoria prevé hasta las 2.000 bicicletas y 200 puntos de anclaje, que se incorporarán al servicio, si son necesarias, a partir del 2029.
Así, la elaboración del reglamento tiene por objetivo responder a la existencia de diversas necesidades de carácter estructural, organizativo y funcional en el ámbito de la movilidad urbana de Málaga.
En primer lugar, es necesario establecer un marco jurídico específico que determine el régimen de prestación del servicio, su alcance, condiciones de funcionamiento y los derechos y obligaciones de las personas usuarias.
Asimismo, debe existir una regulación que garantice la correcta organización del servicio, la adecuada utilización del espacio público y la seguridad en su uso, en el marco del sistema de la movilidad en la ciudad, de forma coherente con la ordenanza de Movilidad Sostenible y de modo complementario al transporte público colectivo.
Por otra parte, el reglamento regulará de forma clara las condiciones de acceso y utilización del servicio, incluyendo los requisitos de uso, las modalidades de abono, el régimen tarifario y las normas de comportamiento, con el fin de garantizar su funcionamiento eficaz y equitativo.
Por último, también será necesario establecer un marco normativo que regule la responsabilidad en caso de accidentes o uso indebido, los mecanismos de control e inspección y el régimen sancionador aplicable, con el objetivo de asegurar la correcta prestación del servicio y la protección del interés general.
Tras este periodo de consulta, se elaborará el texto normativo que deberá ser aprobado por la junta de gobierno local y el Pleno del Ayuntamiento.
