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El grupo socialista ha urgido al Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP, a que entregue los certificados de desalojo a las familias afectadas por los terremotos y ponga en marcha un plan de realojo en viviendas de alquiler, ante la continuidad de los desalojos en distintos edificios del Zaidín y otras zonas.
La portavoz socialista, Raquel Ruz, ha denunciado que los técnicos municipales continúan realizando inspecciones y que «todos los días se producen desalojos de edificios», después de detectar situaciones que pueden afectar a la seguridad de las personas que viven en ellos.
Sin embargo, «en numerosos casos» estos desalojos se comunican verbalmente y sin entregar a las familias una documentación oficial que acredite su situación. Ruz ha explicado que este certificado resulta «imprescindible» para que puedan continuar con distintos trámites, desde la resolución de sus contratos de alquiler hasta la gestión de las ayudas correspondientes.
«Necesitan el certificado de desalojo (...) no basta con marcar los edificios con un determinado color o trasladar verbalmente a las familias que deben abandonarlos», ha argumentado. Sostiene además que esta «emergencia habitacional» no se puede resolver enviando a las familias a un albergue, que constituye «un recurso de emergencia» para uno o dos días, pero no para más tiempo.
Ante esta situación, los socialistas han reclamado al Ayuntamiento que busque y gestione viviendas de alquiler y sufrague temporalmente su coste, para que las personas desalojadas puedan rehacer su vida mientras se resuelve la situación de sus edificios.
Ruz ha defendido que el Ayuntamiento debe asumir la gestión de esta respuesta y posteriormente reclamar a las administraciones competentes las ayudas y fondos disponibles.
«Estas personas se tienen que realojar. Es una cuestión de emergencia, es una cuestión de humanidad», ha afirmado, recalcando que muchos de los edificios afectados pueden requerir actuaciones de gran envergadura que hagan que la situación se prolongue «bastante en el tiempo».
Durante la comparecencia, un vecino del Zaidín ha defendido que las familias cuyos edificios presentan un riesgo elevado puedan ser trasladadas a «lugares adecuados, lugares dignos», y que el Ayuntamiento se haga cargo del alquiler mientras llegan las ayudas de otras administraciones.
Asimismo, ha reclamado que cada desalojo quede acreditado oficialmente, apelando a que cada administración asuma la parte de responsabilidad que le corresponde.
