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La parlamentaria andaluza del PSOE Patricia Alba ha exigido a la Junta de Andalucía que atienda a 404 familias de Alhaurín de la Torre (Málaga) que esperan una respuesta del sistema de dependencia, según los últimos datos oficiales publicados, y que ponga en marcha un plan de choque para agilizar la tramitación de los expedientes.
Alba ha realizado estas declaraciones junto al concejal socialista en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre Fernando Pérez, a las puertas del Centro Virgen de la Candelaria del municipio.
La parlamentaria ha recordado que «en 2006, un gobierno socialista aprobó uno de los mayores avances de este país, la Ley de la Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar», y ha destacado que, 20 años después, «otro gobierno socialista ha impulsado la gran reforma de esta ley».
Una reforma que, según ha explicado, supondrá «mayores derechos, más financiación y mayor bienestar para las personas dependientes y con discapacidad».
Entre las principales medidas, Alba ha señalado la eliminación de las incompatibilidades entre prestaciones, el refuerzo de los cuidados de las personas dependientes en el hogar, la agilización de la burocracia y de los plazos de tramitación y la garantía de la prestación de las cuidadoras.
Además, ha destacado que el Gobierno de España ha aprobado 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para la aplicación de la ley. «Ahora le toca a Juanma Moreno. La Junta de Andalucía es la competente de aplicar esta ley, desarrollarla y tramitar los expedientes», ha añadido.
El procedimiento de dependencia genera dos momentos de espera. En primer lugar, hasta que la administración realiza la valoración y reconoce el grado de dependencia. Y, posteriormente, una vez reconocido ese grado, hasta que se determina y hace efectiva la prestación o servicio que corresponde a la persona dependiente.
Por ello, Alba ha reclamado a Moreno que ponga en marcha «un plan de choque que garantice y agilice la aplicación de esta ley», acelerando la tramitación de los expedientes y reforzando el reconocimiento de grado.
«Cuando las personas dependientes tienen reconocido un grado, tienen que recibir de forma inmediata su prestación o su atención individualizada, porque es indecente que pasen meses y a veces hasta años para recibir esta prestación», ha afirmado.
Por último, Alba ha señalado que «ya no hay excusa» y ha defendido que el Gobierno de España ha aprobado tanto el marco normativo como la financiación para reforzar el sistema.
«No estamos hablando de estadísticas, ni de cifras, ni de expedientes. Hablamos de personas que tienen un derecho a que se les reconozca y a que se le dé la prestación que les corresponde», ha concluido.
