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El PSOE de Córdoba ha acusado al alcalde de la capital, José María Bellido, de «saltarse la legalidad que él mismo aprueba» y de gobernar la ciudad «como si las normas fueran opcionales», después de que el Gobierno municipal haya vuelto a aplazar las sanciones previstas en la Ordenanza de Convivencia, pese a que la norma está en vigor desde el pasado mes de mayo.
En una nota de prensa, la concejala socialista Mamen González ha criticado que el PP «ha cruzado una línea preocupante» al decidir, a su juicio, «cuándo cumple una norma aprobada por el Pleno», y ha reclamado al Gobierno municipal que explique públicamente el fundamento jurídico que permite este nuevo aplazamiento.
Asimismo, González ha señalado que la Ordenanza de Convivencia fue aprobada definitivamente por el Pleno municipal el 12 de marzo de 2026, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 15 de mayo y que su disposición final establece su entrada en vigor al día siguiente, por lo que, según ha señalado, «la Ordenanza está en vigor desde el 16 de mayo».
La edil socialista ha incidido asimismo en que el texto aprobado «no contempla ningún periodo transitorio que permita dejar en suspenso posteriormente el régimen sancionador». En este sentido, ha cuestionado que el Ayuntamiento pueda aplazar nuevamente la aplicación de las sanciones.
«Si Bellido quería meses de campaña informativa, tenía que haberlo recogido en la Ordenanza», ha afirmado González, quien ha ironizado con que el alcalde no puede comportarse «como si tuviera un mando a distancia para encenderla y apagarla cuando quiera».
La concejala del PSOE ha exigido al Gobierno municipal que haga público «el decreto, la resolución o la disposición» que ampara el aplazamiento. «Si existe, que la enseñen. Y si no existe, que expliquen por qué se están atribuyendo una potestad que no tienen», ha reclamado.
González ha afirmado además que el propio Gobierno municipal anunció en julio que la Policía Local comenzaría a sancionar desde mediados de agosto, después de una primera fase informativa. «Primero mayo, después la campaña informativa, luego mediados de agosto y ahora otra vez sin fecha», ha criticado, considerando que «cada vez que llega el momento de cumplir lo anunciado aparece una nueva excusa y otra patada hacia delante».
A juicio de la representante socialista, el debate «va mucho más allá de la propia Ordenanza de Convivencia», ya que, según ha defendido, «las normas vinculan también a quien gobierna». «Las ordenanzas obligan a los cordobeses, pero también obligan al alcalde de Córdoba», ha subrayado.
Por ello, el PSOE ha reclamado al Gobierno municipal que haga público el fundamento jurídico del aplazamiento, quién ha adoptado formalmente la decisión y qué instrucciones se han trasladado a la Policía Local.
«Bellido no es el dueño del Ayuntamiento y las ordenanzas no son del PP», ha concluido González, quien ha señalado que si el Gobierno municipal considera que la norma aprobada «está mal», debe modificarla «por los cauces establecidos», pero no puede «sustituir el Boletín Oficial de la Provincia por su agenda política y decidir cuándo se aplica una norma en función de cuándo le conviene».
