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Una familia tiene dos hijos. El mayor tiene diez años; el pequeño, cinco. Los padres van a hacer testamento y deciden aplicar el principio de la “prioridad familiar”. Como el mayor lleva cinco años más perteneciendo a la familia, tiene más derecho a la herencia. Así que el pequeño se queda sin nada. Llegó después. ¿Suena absurdo? Sí. Y también cruel.
La «prioridad nacional» de Vox que el Partido Popular de Moreno Bonilla ha aceptado, promete ordenar el acceso a la vivienda protegida en Andalucía a través del arraigo, es decir, de quién llegó antes. Pero cuando dos familias necesitan techo y solo hay una vivienda, quizá la pregunta no sea quién llegó antes, sino por qué seguimos teniendo solo una vivienda.
Nadie sensato mediría cuánto pertenece un hijo a su familia contando los años que lleva dentro de ella, el valor no está en quién nació antes o después. Preguntaríamos qué necesita cada uno, si alguno tiene una discapacidad, si tiene trabajo, si ha podido acceder a estudios. Pero no convertimos la antigüedad familiar en una medida del derecho a ser hijo.
Ahora salimos de esa casa y entramos en otra familia mucho más grande: Andalucía.
Dos personas esperan una vivienda protegida. Las dos pagan un alquiler y saben que un imprevisto puede suponer un problema grave. Una nació aquí. La otra llegó hace años desde otro país, trabaja aquí, cotiza aquí y lleva a sus niños a un colegio andaluz. Pero solo hay una vivienda. La primera tiene un trabajo estable y capacidad para seguir pagando su alquiler, la segunda, que lleva nueve años en Andalucía, trabaja por temporadas, tiene dos hijos (uno con discapacidad) y está a punto de ser desahuciada. ¿Quién necesita más esa vivienda?
¿El empadronamiento responde mejor que la vida?
Podemos cambiar los personajes: un jornalero marroquí en Jaén; una enfermera colombiana en Granada; un niño nacido en Málaga de padres senegaleses.
¿Cuántos inviernos hacen falta para ser suficientemente de aquí? Andalucía debería hacerse esa pregunta con cierta memoria. Durante décadas fuimos quienes llegamos a las fábricas de Cataluña, a Alemania, Francia o Suiza.
El acuerdo entre PP y Vox ha incorporado la llamada «prioridad nacional» y ha llevado el arraigo hasta la política de vivienda. No es una idea nueva: Vox ya había propuesto en el Parlamento que el arraigo y el acumulado histórico de años de una familia en Andalucía fueran criterios preferentes para adjudicar vivienda protegida.
La idea transforma una carencia en una competición. Cuando falta pan, resulta tentador discutir quién debe comer primero; porque preguntar por qué falta pan es más incómodo.
Y ahí está la pregunta para el Gobierno andaluz: ¿qué problema de vivienda resuelve exactamente saber quién llegó antes?
La Ley de Vivienda de Andalucía ya establece prioridades. Protege especialmente a jóvenes, mayores, personas con discapacidad o dependencia, familias con menores, víctimas de violencia de género y hogares bajo el umbral de pobreza, entre otros colectivos.
Es decir, nadie llega y recibe una llave porque sí, ni una paga.
Si hay dos familias y una vivienda, construyamos dos viviendas antes de convertir a las familias en enemigas, porque en eso se está basando ciertas incorporaciones legislativas: en crear enemigos entre la sociedad antes de responsabilizar a los legisladores y exigirles que cumplan con su deber.
¿Quiénes son exactamente los nuestros? ¿El que nació aquí pero vive fuera? ¿El inmigrante que lleva años trabajando aquí? ¿Se pertenece por sangre, por papeles, por años o por vida compartida? ¿Y de cuánto tiempo hablamos? ¿Diez años, cincuenta, doscientos? ¿Quién es realmente de aquí?
Una política de vivienda digna no debería fabricar grados de “andalucidad” entre vulnerables. Debería construir viviendas.
Movilicen suelo público. Faciliten alquiler asequible. Persigan el fraude. Ordenen los registros con transparencia. Prioricen a quien está en peor situación. Y expliquen por qué alguien con menos necesidad debe pasar delante solo porque llegó antes.
Volvamos al testamento.
El hijo mayor tiene diez años. El pequeño, cinco. Si los padres tienen poco patrimonio, podrán repartirlo de muchas maneras. Lo que difícilmente harían es mirar al pequeño y decirle: tú llegaste después, te quedas sin nada.
Las dos familias siguen esperando. Una lleva aquí más tiempo. La otra quizá necesita más la casa. Solo tenemos una llave. Podemos pasar los próximos años discutiendo quién merece quedarse fuera. O podemos mirar al gobierno andaluz y hacerle la pregunta que de verdad incomoda:
¿por qué leches solo hay una vivienda?
