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La parlamentaria autonómica por el PP de Málaga Sandra Extremera ha valorado que «las políticas sociales del Gobierno andaluz de Juanma Moreno funcionan en materia de Dependencia, consiguiendo que el número de beneficiarios y las prestaciones se hayan incrementado de manera notable en los últimos ocho años».
«Hoy la provincia cuenta con un 65% más de beneficiarios de la Dependencia y han aumentado en un 93,5% las prestaciones», ha reivindicado.
La parlamentaria andaluza ha concretado que el número de personas beneficiarias en la provincia, a fecha de agosto de este mismo año, «es de 55.424 frente a las 33.549 registradas en 2018; mientras que las prestaciones reconocidas suman hoy un total de 85.845, frente a las 44.370 que se otorgaban en la última etapa socialista».
Además, ha destacado en un comunicado que la red asistencial también ha mejorado «de forma sustancial, más aún cuando partíamos de una cifra ridícula de 283 plazas creadas en las residencias públicas durante la última legislatura socialista».
Extremera ha recordado que entre 2022 y 2026 el Partido Popular en la Junta de Andalucía «ha creado más de 5.000 plazas públicas». Al respecto, ha incidido en que, actualmente, la provincia de Málaga «cuenta con más de 7.800 plazas para atender a personas mayores y con discapacidad en alguno de los 188 centros asistenciales».
«Desde 2019 se han creado en Málaga cerca de 800 nuevas plazas, frente a las 70 de anteriores gobiernos socialistas durante su última legislatura», ha incidido la diputada malagueña.
«Los datos vienen a demostrar que Málaga cuenta hoy con un sistema de dependencia más sólido, con capacidad para atender a más personas», ha afirmado Extremera, al tiempo que ha instado al PSOE «a abandonar el relato impostado sobre un sistema que dicen está colapsado».
Así, ha reclamado a los socialistas «rigor en los datos que ofrecen» y que «hagan autocrítica de la gestión que dejaron antes de valorar los datos actuales».
Al respecto, ha explicado que «desde las filas socialistas aluden a la cifra de 42.082 andaluces en lista de espera, lo que no coincide con los datos oficiales que publica el Imserso y que, a 31 de agosto de 2026, sitúa el número de personas en lista de espera en Andalucía en 30.046».
«La diferencia no es pequeña. La cifra que maneja el PSOE difiere en más de 12.000 personas al dato oficial más reciente», ha valorado la parlamentaria, al tiempo que ha recordado que, «en 2020, el número de personas esperando en Dependencia superaba las 91.500 personas». «Hoy no solo no ha aumentado, sino que ha caído más que la media nacional», ha añadido.
En esta línea, la parlamentaria malagueña ha incidido en los tiempos de tramitación de la Dependencia, «que alcanzaron su peor momento en 2015, cuando el gobierno socialista tardaba una media de 1.275 días entre la solicitud y la resolución de las ayudas».
Extremera ha explicado que, en agosto de este año, el tiempo medio de tramitación se situaba en 413 días, lo que supone una reducción de más de dos años desde que una persona solicita la Dependencia hasta que recibe la resolución, «la cifra más baja registrada en Andalucía en los últimos 15 años».
«Y todo esto, el Partido Popular lo ha tenido que hacer a pulmón», ha subrayado Extremera, que ha recordado «la infrafinanciación que sufre Andalucía en materia de Dependencia, donde el Gobierno de España está obligado a aportar el 50% de la financiación, según marca la Ley 39/2006, pero se niega a hacerlo aquí, aunque sí se lo concede al País Vasco», ha apostillado.
«La Junta de Andalucía ha asumido en torno al 70,3% del coste total del sistema de Dependencia en el periodo 2019-2026, frente a un 29,7% aportado por el Gobierno de Pedro Sánchez», ha explicado la parlamentaria. En concreto, ha dicho, «durante este periodo el Gobierno andaluz ha aportado 10.537 millones de euros al sistema frente a los 4.475 millones del Ejecutivo central».
Por último, ha señalado que «quienes nos exigen que incrementemos la financiación en el sistema son los mismos que nos cierran el grifo incumpliendo la Ley, pero sí alcanzan un acuerdo con el País Vasco para financiar el 50% del gasto de la Dependencia» y ha exigido al Gobierno que pague «los cerca de 6.000 millones que adeuda a Andalucía y que suponen un agravio y siguen lastrando la sostenibilidad de nuestro sistema».
